3.

Más interés suscita, en esta entrada, el Título VII del RDL 7/2024, dedicado de forma expresa a las “medidas en materia de Seguridad Social”. No obstante, ya se ha visto que el Título VI contiene también medidas de protección social del empleo, que son típicas de seguridad social. Ahí se incluiría la citada protección muy reforzada de la situación de desempleo creada por la suspensión contractual o por la reducción de jornada a causa de la DANA. Piénsese, que, según ha cifrado la Delegación de Gobierno,cerca de 26.000 personas trabajadoras afectadas por la DANA se encuentran bajo la cobertura de los Ertes, a los que se ha abonado casi 24 millones de euros. El total de empresas acogidas a esta medida ascendería a 2.862, sumando casi 8 millones de euros en cotizaciones. Uno de los casos de más relieve de ERTE-FM a causa de la DANA ha sido el de la fábrica de Almussafes, de Ford, gestionado con algunas dificultades o errores del SPE, según se informa[4], o el de su mayor proveedor, Industria Alegre[5] (en pérdidas ya antes de la DANA).

La importancia singular de la garantía de rentas sociales de la protección por desempleo en estas situaciones también ha determinado que se establezcan unas reglas especiales (art. 48 RDL 7/2024). A tal fin, trata de favorecer la agilización de su trámite mediante la solicitud colectiva (para personas asalariadas, también para personas socias trabajadoras), aunque en ciertos casos, como para personas empleadas de hogar se asume que será individual. Al tiempo que se facilita la coordinación de la situación de desempleo con otras posibles (cobro de salario en caso de reducción de jornada, incapacidad temporal, etc.), favoreciendo, en todo caso, un tratamiento garantista, como el cobo el 70% de la base reguladora durante toda la prestación (recuérdese que, con carácter general, a partir del 181 día de prestación pasa al 60%). Eso sí, se mantienen los límites máximos y mínimos ex art. 270.3 TRLGSS, lo que no deja de ser criticable, por lo reducido de los mismos, exigidos ya de reforma, como propone la doctrina científica en un reciente número monográfico de la Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF[6]. De especial interés para su aplicación es la Resolución de 12 de noviembre de 2024, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la tramitación electrónica del procedimiento de reconocimiento de las prestaciones por desempleo reguladas en el Real Decreto-ley 7/2024[7].

Conviene destacar que esta protección reforzada (equivalente a la prevista para la emergencia pandémica y para las situaciones de fuerza mayor en la DA 46ª TRLGSS) se produce también para las personas trabajadoras autónomas, a través de las mejoras en las prestaciones por cese de actividad (el vulgarmente conocido como “para de personas autónomas”). Aquí la prestación será del 50% de su base de cotización, e si no se ven obligadas al cierre temporal de su negocio, aunque sí están afectados, y del 70% si deben parar (el RDL 6/2024 mejoró esta prestación). La protección afecta también a quienes no hayan cotizado los 12 meses que se exige normalmente (carencia), constando el tiempo de cobro como cotizado, aún sin contar de cara a futuras prestaciones.