por Ecoiurasocial

La sostenibilidad ecológica como condición sine qua non para la continuidad del empleo pesquero en el Mediterráneo: ¿Un ejemplo de transición socialmente justa?

Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.

¿No hay Mediterráneo sin personas que se dediquen a la pesca?

1.

La pesca es una parte fundamental del modo de vida de diversos países europeos, desde luego de España, y este factor de identidad no debería perderse, ni siquiera con la expansión del sector de la acuicultura, de enorme significación y mayor potencialidad aún en España (con 10.200 empleos directos, de los cuales un 25% son mujeres en la producción, un 63% en la transformación[1]). Ahora bien, ambos sectores de actividad y empleo vinculados a la explotación intensiva de las diversas especies de peces y otros productos del agua (mar y ríos), superando ya el segundo (acuicultura) al primero [según datos de la ONU, a nivel global, la producción acuícola supera, desde el año 2022, las capturas pesqueras: Informe Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura[2] (SOFIA 2024) de la FAO] se hallan sujetos a una misma condicionalidad para su continuidad y desarrollo: el muy exigente marco normativo ecologico o ambiental europeo. La sostenibilidad de estas decenas de miles de empleos pasa por una transformación azul efectiva también para la producción de alimentos relativos al pescado.

La flota española de arrastre que faena en el Mediterráneo (ha sido la zona más conflictiva, aunque hay otras afectadas) lo acaba de comprobar de una forma muy cruda. El objetivo inicial del denominado “Plan Multianual para la Pesca en el Mediterráneo Occidental”, orientado a establecer el régimen de preservación de la sostenibilidad de las especies que se pescan en el Mediterráneo como condición para la continuidad y desarrollo económico de la actividad pesquera, era rotundo: los barcos arrastreros que quieran seguir faenando en el año 2025 deberán reducir los días de pesca de 130 anuales -es el promedio del año 2024- a únicamente 27. Una reducción de casi el 80 por ciento.

Evidentemente, una decisión comunitaria de ese tipo constituía el acta de defunción de ese sector. Así entendido, la “brutalidad” de esta propuesta de la UE (que cuenta con normativas exigentes -ej. Reglamento UE 2024/257, 10 de enero[3]) parecía desconcrtante. El recorte afectaría a 556 barcos arrastreros del Mediterráneo de diferentes CCAA (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares), que dan empleo a 3.000 personas (un 10 % del total de la flota española) y a 17.000 puestos de trabajo indirectos. Es difícil encontrar un conflicto más radical entre los imperativos de transición azul (aquí la transición ecológica se viste más de azul que de verde) y los imperativos de sostenibilidad económico-ocupacional pesquera.

2.

Desde hace años el sector pesquero español viene realizado muy notables “ajustes razonables” para intentar asegurar la sostenibilidad de su actividad, de la que dependen miles de empleos, a través de medidas impuestas por la Unión Europea y dirigidas a intentar recupear los caladeros en el mar -cada vez más castigado- Mediterráneo. La realidad, sin embargo, muestra que no están siendo suficientes. De ahí que, para la gobernnaza económica europea, haya que ir más lejos y más deprisa, demandando avances más eficaces y rápidos para mantener las poblaciones de peces y la continuidad de la actividad pesquera a futuro. Por eso el acuerdo comunitario para la pesca de arrastre pasaba necesariamente por un compromiso férreo: o se aceptan las medidas de sostenibilidad ambiental que se proponen, para mantener la actividad pesquera de arrastre en el Mediterráneo o se reduce drásticamente la actividad, aunque implicara una drástica reducción, más bien una liquidación del sector, sin más. Todo un dislate, como el Ministerio de Agricultura y Pesca español expresó[4].

En consecuencia, la decisión comunitaria es de una contundencia tan intesa como aplastante su sencillez: a más medidas sostenibles para la pesca de arrastre, más días de pesca, a menos sostenibilidad menores salidad a pescar. Ideado hace más de una década (2013), puesta en práctica en 2019 (Reglamento UE 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio), con un periodo transitorio hasta el año 2024, el enfoque comunitario de priorización de la gestión sostenible de las diferentes especies (sector de arrastre) se basaría en el criterio de primacía de la ciencia: el nivel de explotación pesquera debe ser solo igual a la estricta capacidad de reproducción biológica de cada especies (ej. merluza, cigala), pues sin pervivencia de la especie no hay negocio duradero. Con el cambio regulador la situació quedaría así[5]:

Con el cambio en el tamaño de las redes (debe pasar a 45 milímetros para la pesca de costa y a 50 centímetros en la pesca de profundidad), los barcos podrán recuperar entre un 30 y un 50% de días de reducción
Una veda temporal de 4 semanas permitirá recuperar un 15% de días de trabajo, un 10% adicional con una parada de seis semanas entre 100 y 500 metros de profundidad y un 3% más con una veda de 800 a 1.000
La instalación de puertas voladoras (a diferencia de las de arrastre tradicional no tocan fondo) permitirá recuperar otro 3% más (menos impacto en los fondos marinos y permite ahorrar hasta un 30% de combustible -lo que reduce emisiones y costes para los barcos-).
En lo que hace a los “límites de captura” (totales admisibles de captura -TAC-), en unos casos se han ampliado, en otros rebajado, según los informes científicos (afectando más favorablemente las previstas para el Atlántico y Mar del Norte[6]).

El acuerdo final -por unanimidad- reduce los esfuerzos pesqueros de los arrastreros en un 66 % en las aguas de España y de Francia y en un 38 % en las de Italia, a fin de proteger las poblaciones demersales sin desatender el impacto socioconómico en las flotas. El tránsito desde la fase transitoria a la permanente supone aplicar los intervalos del rendimiento máximo sostenible. Con ello se permite captuar la máxima proporción posible de una especie que pueda ser compensada con la máxima capacidad de reproducción sostenible a largo plazo.

No se trataría, en todo caso, de algo desconocido, pues habría especies y zonas en equilibrio razonable entre la sostenibilidad y la explotación económica (ej. la situación del Golfo de León[7] -ej. salmonete, gambas-), en virtud del esfuerzo del sector a la hora de gestionar los caladeros de forma sostenible. En lo que concierne a la flota española, prácticamente un 30 % (10% superior a la media mundial[8]) de sus capturas están certificadas como sostenibles por el Marine Stewardship Council (MSC), la entidad reconocida mundialmente a fin de acreditación de la pesca ambiental y socialmente responsable. Lo que significa que fecta a 600 barcos y 450.000 toneladas anuales de productos del mar.

En suma, se pone de relieve, así, el gran potencial transformador que la pesca integralmente sostenible tiene para el medio ambiente y la economía local, así como para la seguridad y la soberanía alimentarias de la UE [9].

3.

Evidentemente, este equilibrio no es ajeno a la asignación de costes, en la medida en que representa tanto notables inversiones económicas para el sector y una elevación de los precios para las personas consumidoras. Por lo tanto, gana una especial transcendencia los mecanismos de transición ecológica (aquí azul) justa, a fin de que puedan lograrse los objetivos de sostenibilidad ambiental sin reducir las oportunidades de empleos decentes (asalariados y autónomos) y con costes razonables para las empresas pesqueras y las personas consumidoras.

Y es ahí donde, como es evidente, debe jugar un papel determinante la previsión, en todos los niveles de la gestión pública (comunitaria, estatal y autonómica) que se ven afectados, de los fondos financieros necesarios a tal fin. Es evidente que la mayor contribución debe ser comunitaria y estatal

Al respecto, las medidas de sostenibilidad exigidas (sobre todo el cambio de las redes -artes de pesca más selectiva y paradas temporales para favorecer la reproducción biológica de las especies-) para la pesca de arrastre podrían ser financiadas a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)[10], para los años 2021-2027). La contribución europea para España es de 1.120 millones de euros, prácticamente el 20% del total, el mayor beneficiario, pues. El objetivo principal del FEMPA sería garantizar este equilibrio entre la salud de los ecosistemas marinos (imperativo de conservación ecológica) y la viabilidad del negocio de la pesca (imperativo de sostenibilidad sociolaboral).

No obstante, ha de ser el Gobierno español y las CCAA, que alcanzaron un acuerdo[11] a tal fin, quienes definan las líneas de subvención, convocando las debidas peticiones, para aplicar las medidas a más tardar el 1 de mayo de 2025. Se exige una modificación de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, sobre el plan de gestión del Mediterráneo, que acaba de salir a consulta pública, y que se publicará durante el primer trimestre del año. Conviene advertir que algunas de este tipo de medidas requieren financiación complementaria estatal, como ya sucede con las paradas biológicas o vedas temporales de pesca (70% la UE, 30% el Estado).

En definitiva, las medidas de sostenibilidad (una docena) incluidas en el nuevo Reglamento (pendiente de publicación, y entrada en vigor el 1 de enero del 2025), acumulativas, permitirán aumentar el número de días de pesca sin coste financiero final para la flota pesquera, porque sería subvencionado por el Gobierno, a través de los Fondos de la UE y fondos propios. Se recurre, pues, a mecanismos de compensación económica (se estableció por primera vez en 2022) como sistema de incentivos para aumentar la protección de la población de pesca, asignando días adicionales a los arrastreros que opten por artes más selectivos o que sean objeto de una medida nacional de conservación[12]. La reducción de la mortalidad por pesca minimizando las repercusiones socioeconómicas en el sector, esto es, la “mortalidad de empresas y empleos”. Las limitaciones del esfuerzo pesquero (que no es más que la expresión de la libertad de empresa pesquera) se compensan con las políticas de fomento de la UE, por lo que la coerción se diluye o suaviza, en aras de la sostenibilidad ecológica del negocio.

En suma, un buen ejemplo, a mi entender, de transición ecológica (azul) justa sociolaboralmente. Con todo, España, junto con Italia y Francia, ya tienen previsto pedir una reforma del Plan, para establecer un límite del 20% a la reducción de los días de pesca en el Mediterráneo, para evitar recortes drásticos en la actividad, como el acordado en diciembre pasado. Las tres delegaciones presentarán una propuesta de reforma del reglamento del Plan Multianual de gestión para el Mediterráneo Occidental con el objetivo de dotar al sector de mayor previsibilidad económica y garantizar su viabilidad a largo plazo[13]. Como vemos, estos conflictos tienen viso de convertirse en una historia interminable.