¿Crea empleo local, verde o no, la transición hacia las renovables?: El mal ejemplo de la megaplanta solar Núñez de Balboa.
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
La idiotez es tan constitutiva de lo humano como la razón, y el hecho de que la grandísima mayoría crea que el idiota siempre es el otro, es un magnífico síntoma de estupidez humana colectiva
Jule Goicoetxea. Oda a la estupidez
1.
Las energías renovables están viviendo un extraordinario boom, hasta el punto de intensificarse el discurso oficial de estar aproximándonos a una nueva era verde, pulverizando la producción de energías de este tipo, sobre todo solar, también eólica. No solo se multiplicaría la producción de esta electricidad limpia, hasta superar el 50 por ciento del total, sino que, en coherencia, se reduciría de una forma muy notable la emisión de CO2l. Las fuerzas de la naturaleza, el viento, el sol y el agua generan ya más energía que la suma de nucleares, centrales de gas y las plantas de carbón que permanecen abiertas. ¿Y en relación al empleo? ¿Este boom se proyecta promoviendo la creación de empleos en general, locales o no, y verdes, en particular? Un estudio del Banco de España realizado en 2023 pone de relieve la ambigüedad de este proceso de transición energética verde, dejando aflorar una cara social menos luminosa que, con frecuencia, se oculta o queda invisibilizada
En ese estudio se sostiene que las inversiones en plantas solares impactan positivamente en las empresas locales, aunque los empleos creados no siempre permanecen en el municipio, por su carácter extremadamente temporal. Por tanto, la tasa de desempleo apenas disminuye entre las personas residentes de aquellos pueblos en los que se instalan las plantas fotovoltaicas, de modo que, el empleo que se crea, muy por debajo del generado por la industria energética fósil, termina en los lugares donde las empresas titulares de las plantas tienen sus sedes (efecto de deslocalización de los yacimientos de empleo de energías renovables). Es una manifestación de ese “lado oscuro” que estamos conociendo estos días, a través de diversos medios, escritos y audiovisuales, de este proceso.
2.
En efecto, comenzamos a conocer que esta faceta de la transición verde en materia de energía empieza a dejar también personas y colectivos “perdedores”, especialmente, una vez más, en el mundo rural las personas “derrotadas de los campos irrenovables”. Así de denuncia, con exposición de diferentes experiencias, en la película-documental Vidas irrenovables. Naturaleza o miseria, estrenada en salas de cine por el director extremeño Francisco Vaquero, con la productora independiente Metáfora Visual. En este documental se da voz crítica al mundo rural (47 personas de sector agropecuario, de la política municipal, abogacía, docencia, ciencia). Se resume con esta crítica: «No estamos en contra de estas instalaciones, pero sí…de su indiscriminado desarrollo que avanza de forma imparable.»
Ciertamente, no todo el mundo está de acuerdo. Desde el sector instalador, la Unión Española de Fotovoltaica (UNEF), se considera que el documental es más propaganda de «mentiras alarmistas difundida en forma de bulos sobre daños inexistentes daños ambientales». Y reafirma la “verdad oficializada”, pero sin la debida verificación empírica: esta industria «transforma positivamente nuestros pueblos con beneficios reales…». Así:
- en el plano de la sostenibilidad ambiental, señala que, a diferencia de las plantas eólicas, las fotovoltaicas no tienen impacto negativo para las aves, hasta el punto de defender, incluso, que «pueden llegar a ser verdaderos refugios, especialmente para la avifauna».
- En el plano económico, afirman que las instalaciones aportan casi 13.000 millones de euros al PIB (el 0,83% del total nacional), crean empleo local (162.000 empleos) y mejoran las finanzas municipales (un Ayuntamiento percibiría un ingreso anual de aproximadamente 10.000€ por MW instalado en los diez primeros años)
- En el plano del desarrollo rural afirman que, además de ofrecer “una fuente adicional de ingresos” para las personas agricultoras, su instalación apenas supondría un 0,2% de las tierras fértiles en España.
Sea como fuere, las denuncias no paran de crecer. No solo en Castilla-León, también en Andalucía. Por ejemplo, un Juzgado de Andújar acaba de abrir diligencias penales, por delitos ambientales, tras la denuncia a la Junta de Andalucía por las megaplantas solares en la campiña norte de Jaén.
Estos procesos suelen encontrar el rechazo de las personas que se ven expropiadas de sus fincas por razones de utilidad social, tras el correspondiente procedimiento administrativo, si bien también reciben apoyo de parte de la población vecinal. De ahí que se creen “plataformas” y movimientos sociales que se defienden frente a estas instalaciones y en pro de la supervivencia del modelo tradicional de agricultura (en el caso olivarera), que sienten amenazada por este tipo de procesos de industrialización descontrolada (“uberización”) del campo, en beneficio no del desarrollo rural sino de la explotación desmedida, a menudo por el modelo especulativo de los fondos de inversión. Una vez más, parece abrirse una fuerte brecha entre lo que piensa una parte significativa de la ciudadanía, sobre todo rural, y las Administraciones Públicas. Piénsese que Andalucía es una de las Comunidades Autónomas cuyo autogobierno más está impulsando esta transición energética hacia las renovables (en especial solar y también hidrógeno verde).
3.
Pero no es ni el primero ni el último asunto de este tipo que se judicializa. Ya en Extremadura contamos con una notable experiencia que puede ilustrar bien de este lado amargo del proceso de transición energética hacia las renovables y que, llamada verde, no deja de tener mucho impacto de “grises”, incluso “lado negro”. Nos referimos al caso paradigmático de la mayor planta solar de Europa, según se dice, la planta Núñez de Balboa, en Usagre (Badajoz), desde el año 2020
En una primera decisión judicial, no firme todavía, la STSJ Extremadura, sala contencioso-administrativa, 326/2022, 31 de mayo, condenó al Grupo Iberdrola a devolver los terrenos a su propietario y desmantelar buena parte (525 hectáreas -cubre hasta 1.000 hectáreas, las restantes pertenecen a propietarios locales-) la planta, al considerar que la expropiación pública por razón de utilidad social es ilegal (carecía de justificación) en unos terrenos que albergan 1,4 millones de paneles fotovoltaicos, capaces de suministrar energía solar a 250.000 hogares. Con todo, la planta sigue en activo, en espera de que el TS dicte sentencia definitiva (el recurso fue admitido por el ATS, 3ª, 14 de diciembre de 2023, RCUD 6459/22).
En una segunda sentencia, ahora por la vía penal (sigue abierta la europea, pues se usaron fondos comunitarios en su construcción), en cambio, el exalcalde de Usagre fue absuelto del delito de prevaricación administrativa en la concesión de la licencia urbanística, así como la ex teniente de alcalde y el administrador de la empresa responsable inicial del proyecto. La STSJ Extremadura, Sala Civil y Penal, 7/2025, 4 de febrero no observa desviación de poder penalmente relevante:
“…no fue probado…un trato de favor hacia los promotores del expediente, ni un interés personal de los ediles acusados hacia el proyecto que no sea el comprensible designio de favorecer los intereses generales de la población mediante la instalación de una planta fotovoltaica (la mayor de Europa) que generaría un número cuantioso de empleos en la comarca y una actividad económica que daría lugar a una considerable recaudación fiscal. (…)”.
Como vemos, la Sala penal asume acríticamente el mantra de la creación de empleo. Pero ¿ha sido así? El primer convenio (2012) entre la Junta de Extremadura y la empresa local Ecoenergías del Guadiana (socia de Iberdrola) prometió 2.500 empleos durante el periodo de construcción de las instalaciones y 130 empleos fijos cuando la planta empezara a operar al 100%. En 2017, un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento de Usagre reformuló estas cifras: «En la primera fase se crearán de 70 a 80 puestos de trabajo directos […] y se consolidarán como indefinidos de 50 a 60». En la licencia de construcción otorgada por el Ayuntamiento, consta que «la liquidación del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) podrá ser revisada y en su caso modificada atendiendo al grado de cumplimiento de los 40 puestos de trabajo”.
¿Cuántos se han creado en realidad? En su construcción y funcionamiento inicial participaron en torno a 1200 personas, contratadas temporalmente, buena parte de ellas de la zona. Tras esta fase inicial, en su desarrollo tan solo se crearon, como empleos fijos locales, los 5 desempeñados por el personal de vigilancia de seguridad. El “bluf” ocupacional de las placas de Iberdrola en Extremadura es evidente, frustrando el sueño (promesa empresarial y pública) de progreso local, con un proyecto de renovables que, cual nuevo El Dorado, esperanzaba con crecimiento económico y calidad del empleo de la zona. Una oportunidad para crecer en el ámbito laboral sin tener que desplazarse a grandes ciudades -Madrid, Barcelona-.
4.
La historia se repite y las preguntas comienzan a surgir, poniendo de relieve que la realidad es menos halagüeña que las promesas y discursos. ¿Especulación de siempre bajo un nuevo modo de entender el mundo -bajo la etiqueta de verde- o una oportunidad para el tren del desarrollo de la España rural? ¿Un nuevo El Dorado? La realidad es que el mantra de la transición energética para alentar una economía “verde” está creando muchas más oportunidades de pingües negocios que empleos (verdes) locales de calidad y, a menudo, detrás están -una vez más- los fondos de inversión, con la connivencia pública. Las promesas de progreso económico y social para zonas rurales en riesgo de despoblación, con mayor frecuencia de la esperada, desde luego de la debida, termina provocando «expolio medioambiental y sacrificio sociocultural».
Es obvio que las soluciones no pueden pasar por frenar ese tránsito desde la muy contaminante, pese a su alta capacidad de creación de empleo, de la energía fósil a las energías renovables, que también pueden crear empleos verdes de calidad, lo que implicará, sin duda, multiplicar las necesidades de superficie hasta 2030 (está previsto que España produzca 130 GW anuales). La respuesta más eficiente y justa debe venir, como siempre, de una adecuada regulación, así como de la exigencia de las debidas condicionalidades ambientales y sociales, también en términos de creación de empleo como valor añadido de estos procesos, pero a través de garantías de efectividad de su cumplimiento, no mediante promesas tan vagas y luego radicalmente frustradas, como el fiasco que ha supuesto la planta de Núñez de Balboa. Conviene sacar las debidas lecciones de la experiencia, para que no se repitan los errores, tan presentes en tantas situaciones de este tipo y que no hacen sino enfrentar a la sociedad civil, o una parte de ella, con la sociedad política y el poder económico, como sucede en Galicia, donde la Xunta ya ha dado su bendición ambiental a la polémica macrocelulosa Altri en el corazón de Galicia. Pero esta ya es otra historia, mejor dicho, otro capítulo de este proceso histórico socioeconómico y cultural que contaremos en otro momento.