por Ecoiurasocial

Aprobada la I Estrategia Andaluza del Olivar: ¿un modelo de crecimiento económico, creación de empleo y sostenibilidad ambiental o nuevo paso a su “uberización”?

Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.

(…) Jaén, levántate brava/sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava/ con todos tus olivares.
Dentro de la claridad/del aceite y sus aromas/indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

Miguel Hernández. Andaluces de Jaén (Aceituneros)[1].

1.

Andalucía es líder mundial del aceite de oliva desde hace más de dos décadas. Pero, sorprendente, solo desde este año (aunque estaba previsto para 2023[2]) cuenta con la I Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar Horizonte 2027 (EAO). Asumiendo que siempre es mejor tarde que nunca, la EAO nace con presupuesto, casi 1000 millones de euros y su pretensión es ser un paradigma de integración de lo económico, lo social (empleo inclusivo) y lo ambiental.

En efecto, este típico documento[3] de la técnica de planificación institucional se integra con 52 medidas, agrupadas en 11 áreas temáticas que se centran básicamente en promover un modelo de desarrollo económico del sector del olivar tan competitivo en los mercados mundiales (más valor añadido con la potenciación de un sistema de ciencia-tecnología-empresa que ofrezca I+D+i al sector, mejorar la calidad para ganar mercados, transformación digital para una agricultura del olivar 4.0, cadenas de valor equilibradas, creación del Centro de Referencia de la Calidad del Aceite de Oliva -CRAO- en Jaén, que reforzará el control y el diagnóstico de la calidad comercial y diferenciada del aceite de oliva, etc.) como sostenible ambientalmente (ej. proyectos innovadores en bioeconomía circular, maximización de las posibilidades del olivar para aprovechar los créditos de carbono por la capacidad de absorción de CO2[4], eficiencia energética potenciando fuentes renovables, etc.). Este doble objetivo acapara el 90 por cien de la inversión.

2.

En este planteamiento económico-ecológico de política de promoción del sector de la agroindustria del olivar lo sociolaboral aparece como un efecto derivado de esa doble mejora, de competitividad de mercado y de sostenibilidad, más que como un valor añadido a impulsar. Por tanto, está presente solo de forma difusa o indirecta, en especial mediante:

la potenciación de políticas de formación para el empleo de calidad que se pretende, de modo que en el objetivo 9 se considerará indicador de contexto (la situación actual) y de impacto de la estrategia (resultados posteriores -tabla 85 de la I EAO, pp. 273-274[5]-) tanto el número de personas que ejerzan como jefes y jefas de explotación con formación agraria como el alumnado en los cursos de grado formativo medio y superior
valoración del número (porcentaje) de empresas que incorporen personas especialistas en TIC como un indicador de contexto e impacto en el objetivo estratégico 7 (Avanzar en la transformación digital a lo largo de la cadena de valor de los productos del olivar)
la fijación de población en los territorios, pues muchas de esas zonas son de alto riesgo de despoblación, sobre todo de migraciones de jóvenes.
Las medidas de incentivo del relevo generacional ante una población ocupada en el olivar muy envejecida, pues como indicadores de impacto de la mejora en la competitividad de las explotaciones está el número de personas jóvenes que se incorporen al sector del olivar (indicador de contexto y de impacto, objetivo estratégico 1)
Promoción, si bien algo difusa, de la incorporación de la mujer al sector

No es un gran balance si se analiza la I EAO en clave de promoción de una política de mercado de trabajo agro-olivarero, no solo en términos de autoempleo, individual y asociado, sino de trabajo asalariado decente. Lo detallado del diagnóstico en materia de empleo del sector (aunque algo desfasado, pues se sitúa en 2021, lo que evidencia que su origen está en el año 2023, pero ha tardado dos años en aprobarse) contrasta, pues, con la escasa atención que el trabajo olivarero, autónomo y asalariado, tiene en sí en la Estrategia.

3.

Genera cierta perplejidad este nuevo olvido de lo sociolaboral en una Estrategia como ésta, donde se pone el acento, al menos en el discurso justificativo, en la relevancia del sector del olivar “como pilar fundamental de la economía, la cultura y el paisaje de Andalucía”. Deslumbra, de nuevo, los datos y magnitudes económicas (el producto andaluz con mayor valor de exportación: 4.250 M€, 43% más en 2024^[6]) y territoriales del sector. Se pone el acento, cuando se hace el diagnóstico, en que genera “miles de empleos” (en las tareas para su cultivo y recolección y en su industria de transformación -850 almazaras, 772 envasadoras, 17 refinerías, 41 orujeras, 225 entamadoras y 116 envasadoras de aceituna-), lo que representa el 40% del empleo agrario andaluz (el total de personas afiliadas en el sistema especial agrario se sitúa en torno a 460.000 personas) y que “dinamiza las zonas rurales” (evita su despoblación, riesgo siempre presente, sobre todo en Jaén).

En realidad, el centro de interés está, junto al competitivo, en el valor ambiental “incalculable al contribuir a la conservación del suelo y la biodiversidad” (1,6 millones de hectáreas de olivar, 62% del olivar nacional y 15% del mundial; 67 millones de olivos solo en Jaén -el mayor bosque mediterráneo del mundo-) y cultural (“seña de identidad cultural que define la gastronomía, las tradiciones y el patrimonio de Andalucía”[7]). Se profundiza muy poco, realmente nada, como se dice, en la dimensión de transición sociodemográfica e inclusiva, en clave de trabajo decente. Como se sabe, son los “fondos de inversión”, basados en un modelo de producción intensiva para acelerar la rentabilización sobre bases especulativas del sector, cambiando el paso tradicional al olivar español.

En los últimos 20 años se habría reducido un 59% el número de explotaciones típicas del “olivar tradicional”. En cambio, la producción ha crecido más de un 60%, por el desarrollo del modelo de “olivar intensivo”. Los rendimientos por hectárea obtenidos en aceite de oliva también se han visto incrementados en un 47%, confirmando el aumento de la intensificación del sector. 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros, identificándose procesos denominados, por emulación del sector industrial 4.0: la “uberización del olivar español’[8] que pone en duda la continuidad futura de ese doble valor socioambiental y cultural.

4.

La referencia a la uberización del olivar trata de describir, críticamente, la atracción que a tales Fondos de Inversión produce el olivar de regadío, de ahí la presión a aumentar la superficie regada, aunque sigamos en un problema de escasez de agua y faltos de la debida transición hídrica justa. A los datos económicos (posición líder a nivel mundial) y de mercado (aumento de la demanda y de la oferta por superficie en expansión e intensiva su producción), se suma el modelo regulador comunitario, basado en subvenciones y ayudas, la mayo parte de las cuales se concentra en las grandes superficies, en detrimento de las explotaciones más pequeñas (y profesionales). El referido estudio sobre la Uberización pone de manifiesto cómo

“Sin políticas claras que se opongan a la mercantilización del agua y aboguen por la defensa de su carácter público y su reparto social justo, que garantice la viabilidad de las explotaciones agrarias del modelo socialmente necesario, se está manteniendo la puerta abierta a la uberización de la agricultura” (p. 8[9])

Una mercantilización que también se proyecta en lo que se llama “monetización de la sostenibilidad” promovida por este tipo de empresas de producción intensiva, instadas por los fondos de inversión, pues, disponen del conocimiento e instrumental, también de los contactos (presión como lobbies) para rentabilizar las certificaciones de sostenibilidad. Se pone el ejemplo de la “plataforma Arima”, de la gestora de inversión Bolschare, que busca mediar y certificarlo todo, conforme a los criterios ESG: huella de carbono, huella hídrica, acción social y biodiversidad. Cuantificados se podrá abrir el mercado de los derechos de compensación de emisiones de CO2 (créditos de carbono). Como vemos, lo que la I Estrategia Andaluza presenta como una gran oportunidad de desarrollo sostenible, puede ser fuente de un nuevo riesgo de convertir el olivar en nuevo instrumento financiero (fallido el mercado de futuros) de las industrias para neutralizar sus emisiones, o aparentar que lo hacen. Un nuevo modo de mercantilizar del sector agroalimentario que, sobre la base de una promesa de rentabilización sostenible, encubre una nueva “bolsa de inversión especulativa a través de bonos de carbono”, de muy difícil acceso, en todo caso, a las más pequeñas explotaciones, la mayoría.

En suma, frente a la imagen ideal que presenta la I Estrategia Andaluza del Olivar, la realidad del futuro del cultivo profesional del olivar en un contexto de inflación, que hace mucho más volátil el precio del aceite, cambio climático, que provoca notables alteraciones en los volúmenes de producción (aforos) esperables, y aterrizaje devastador de fondos de inversión arroja bastantes más sombras. Confiemos, en todo caso, que no se convierta en realidad ese augurio que se lanza desde ciertas organizaciones profesionales y reivindicativas del sector:

«Si el nuevo modelo de oligopolios corporativos se impone en el sector, España camina hacia un olivar sin agricultores» (Juan Luis Ávila, secretario provincial de COAG[10])

Para evitarlo, un marco regulador adecuado, como, entre otros, una ley para tutelar la agricultura profesional en sentido estricto, que combine respecto de la tradición con una innovación realmente sostenible integralmente (económica, social y ambientalmente), sería una condición necesaria, no suficiente. Por tanto, hay que ir más allá de la EAO.