por Ecoiurasocial

España, “zona de especial vulnerabilidad climática”, según el IRC 2025: nuevas evidencias para una transición justa más acelerada y ambiciosa

Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.

1.

Es ahora un tópico vincular el cambio climático de origen humano (antrópico) a la cada vez mayor recurrencia e intensidad de los “fenómenos meteorológicos extremos. Las ciencias climáticas ya no albergan duda alguna, al menos desde los planteamientos serios y de evidencia, en la atribución, al cambio climático de un papel determinante en tales fenómenos meteorológicos extremos, con «el mismo nivel de confianza científica que la afirmación respecto a que la influencia humana ha aumentado la temperatura del clima»[1]. A fin de seguir acumulando evidencia, de modo que pueda medirse numéricamente esta estrecha conexión, se elaboran índices que permita ordenar las situaciones de los diversos países y regiones atendiendo a su índice de riesgo climático.

Según los estudios de la ONG alemana “Germanwatch”[2], elaborados con datos de 171 países, España está entre los países de mayor riesgo climático. Concretamente, ocupa el octavo lugar en el ranking de países con mayor número de personas muertas y daños de diferente índole causados por eventos meteorológicos extremos, al menos así sucedió en el último cuarto de siglo (1993-2022). Nada menos que 27.000 víctimas y más de 20.000 millones de € se computarían por olas de calor, inundaciones e incendios. Según el Índice de Riesgo Climático (IRC) 2025 serían más de 765.000 los decesos en todo el mundo en ese mismo período y 4,2 billones de dólares (ajustado según la inflación) en pérdidas como resultado directo de más de 9.400 fenómenos meteorológicos extremos, que van desde las sequías contumaces a inundaciones, pasando por incendios devastadores (nunca vistos) y olas de calor cada vez más intensas.

La clasificación del IRC se basa en datos históricos disponibles oficialmente sobre los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos, si bien las deficiencias de datos completos hacen que las cifras subestimen la realidad, especialmente en los países del Sur[3]. En efecto, el problema no es tan solo de España, sino que afecta especialmente a la zona euro-mediterránea, pues Italia y Grecia están en una análoga situación. En 2022, los países más afectados fueron Pakistán, Belice e Italia, seguidos por Estados Unidos, España y Grecia. Que el problema en el mundo, pero especialmente en España, va a más es evidente apenas se tenga en cuenta que un fenómeno extremo como la DANA de Valencia, no tenido en cuenta en ese índice, suma, en un solo acto y apenas unas horas, 226 personas muertas y más de 25.000 millones de euros para su reconstrucción. Ya en 2022 España ocupaba el quinto puesto y seguramente en 2024 estará aún por encima.

Foto de un bombero en el pavoroso incendio de la Sierra de las Culebras, 2022

2.

Según este IRC, los países más afectados se dividen en dos grupos:

los países más afectados debido a fenómenos extremos excepcionales (p. ej., Dominica, Honduras, Myanmar y Vanuatu) y
los países afectados por fenómenos extremos recurrentes (p. ej., China, India y Filipinas).

España está entre los segundos. No obstante, la ciencia climática evidencia con la claridad de un mar de cristal que la emergencia ambienta vivida aumenta el riesgo para ambas categorías de países y contribuye a transformar los fenómenos extremos poco comunes en amenazas continuas, lo cual da lugar a una «nueva normalidad» (según se refleja en el mensaje principal V). En este sentido, el IRC prueba que entre los diez países más afectados en 2022, siete corresponden al grupo de países de ingreso alto, como Italia y España. Consecuentemente, aunque también tienen más capacidad de respuesta que las de los países de ingreso bajo, los países de ingreso alto, por sí solos, encuentra barreras para poder afrontar convenientemente la cuestión climática, debiéndose fortalecer sus leyes y políticas de gestión eficaz del riesgo climático antrópico. A largo plazo, los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos afectan especialmente a los países del Sur, según se ha indicado, en nuestro caso, del Sur de Europa que, por tanto, se convierte en una “zona de especial vulnerabilidad climática”.

3.

Precisamente, algunas Comunidades Autónomas en España, como Andalucía, que hoy preside el Comité Europeo de las Regiones[4], ha sido pionera en promover que se creen “zonas de especial vulnerabilidad climática”, a fin de redefinir las políticas europeas, con su inclusión en los criterios de reparto de fondos de esta singularidad o especialidad, para acelerar la adaptación de los entornos naturales y urbanos al cambio climático. Como es lógico, la declaración de zona de especial vulnerabilidad por emergencia climática (ZEVEC) deberá ir acompañada de la constitución de zonas de especial inversión climática (ZEIC), con especial incidencia en las regiones euro-mediterráneas[5]. Aunque Andalucía cuenta con un marco normativo específico, anterior incluso a la ley estatal, si bien también muy centrada en la transición energética (Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía[6]) y un Plan de Acción por el Clima, parece claro que tendrá que renovarlo para adecuarlo a los profundos cambios en estos años

Los hallazgos del IRC no tienen una finalidad solo informativa, de recopilación y de ordenación de datos para recordar los enormes estragos que la emergencia climática está deparando a países y regiones a escala mundial, especialmente en el euro-mediterráneo, sino también, y sobre todo, busca crear evidencias para mover a una “acción de política ambiental más eficaz”, a fin de promover transiciones verdes o ecológicas adaptadas a las situaciones, mitigando los daños y adoptando medidas de corrección. Para ello asume un enfoque de priorización, centrando la atención en los países que se ven más gravemente afectados, es el caso de España. Con ello, al tiempo que alerta de la especial vulnerabilidad climática, incitan o estimulan a acelerar en esas zonas cambio (normativos, políticos y presupuestarios, también culturas y práctica) más significativos, al estar urgidos de una mayor ambición en materia de mitigación de los daños y transición hacia un modelo más sostenible, reduciendo los costes debidos a las (insustituibles) pérdidas humanas y a las económicas, so pena de que los impactos climáticos aumenten de forma exponencial.