La tutela ambiental ¿límite eco-social a la libertad de competencia económica?: El conflicto del pacto sobre la soja en Brasil en clave europea
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
Alfonso Parras Martín.
Profesor Titular de Derecho Mercantil.
Universidad de Jaén
“Defender y difundir la cultura es una misma cosa: aumentar en el mundo el humano tesoro de conciencia vigilante. ¿Cómo? Despertando al dormido. Y mientras mayor sea el número de despiertos. (…). Enseñad al que no sabe; despertad al dormido; llamad a la puerta de todos los corazones, de todas las conciencias (…)”
Antonio Machado. Fragmento del discurso pronunciado en Valencia en la sesión de clausura del Congreso Internacional de Escritores. Agosto 1937.
Foto portada: En 2019, una ONG grabó centenares de camiones con soja saliendo de una zona de la Amazonia quemada
1.
Una de las más caudalosas fuentes de esta nueva tipología de conflictos que es la propia de los socioambientales o eco-sociales, que hoy se multiplican en el planeta, es la continua tensión entre la protección ambiental (alma ecológica) y la protección de la libertad de competencia (alma económica). Y ello es más radical en el paradigma neoliberal. En él se prima el libre intercambio de todas las cosas como mercancía, sin más regla que el precio (la ley de la oferta y la demanda) y la garantía jurídica de que sea libertad contractual se respeta por encima de todas las cosas, en contraste con el paradigma social de la economía de mercado, que requiere de más equilibrios y pactos para atender otras razones de índole social, entre ellas las ambientales
El resultado más visible del neoliberalismo económico es la imposición del libre comercio como principal regla de juego (aunque esta evolución no se lineal, y veamos hoy un resurgir del proteccionismo nacional, a través, v.gr., de las “guerras-chantajes” arancelarias norteamericanas). Una consecuencia de su hegemonía es el rechazo frente a toda medida que favorezca la economía local, más sostenible, pero tenida como una “discriminación anticompetitiva”. Por lo que continuamente las organizaciones económicas andan vigilantes para que toda regla que pudiera restringir la libertad de competencia sea desactivada, incluso a costa de incurrir en “un sabotaje sistemático contra uno de los procesos más necesarios de una economia sostenible: la relocalización productiva”.
Este tipo de reacción no sería solo fáctica (lucha político-ideológica), sino también jurídica. Especialmente a través de la eliminación, o del bloqueo, por la Organización Mundial de Comercio, en los Tratados de Libre Comercio, de algunas de las cláusulas de transición ecológica socialmente justa de la economía. Como sería el caso, por ejemplo, de la fijación de ciertas condiciones comerciales favorables a productos y mano de obra local (ej. reduciendo emisiones vinculadas al transporte). Como sucediera, en la Indica, con la llamada Misión Solar Nacional Jawaharlal Nehru (JNNSM), una regulación que tiene como objetivo promover el uso de la energía solar en el país (40% de renovables para 2030), asentada más bien en las certificaciones conforme a la Oficina de Normas Indias (BIS) y en la creación de las condiciones políticas, económicas y tecnológicas para su desarrollo. O, en Canadá, la Ley de Energía Verde y Economía Verde de su Estado de Ontario, que pretendía corregir las limitaciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte a la tutela ambiental, evitando que se tuvieran por “prácticas comerciales injustas” (anticompetitivas) y, como tales, penalizables y objeto de paralización.
2.
En este escenario político-ideológico y socioeconómico, se entiende mejor la noticia, de Brasil, sobre la paralización de unos de los instrumentos más útiles para corregir uno de los procesos más agresivos contra ese pulmón verde mundial que es la Amazonia: la deforestación. Se trata de la suspensión del acuerdo sobre la producción de soja, como garantía eficaz para proteger la Amazonía de la deforestacion, por la presión del todopoderoso lobby agrario.
Como muestran las dos fotografías incluidas más arriba, la primera grabada por la ONG Igualdad Animal incluso tras un devastador incendio en la Amazonia, desde hace tiempo existe una estrecha conexión entre deforestación y mala praxis de la actividad agropecuaria de Brasil, especialmente en la producción de soja, siendo el primer exportador mundial de este producto. De ahí, la importancia de la referida moratoria, firmada en 2006 y en vigor desde 2008, por la presión del mercado europeo (condición ambiental frente al aumento de la deforestación en la Amazonía), con resultados positivos, según el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Lula. De sus informes se desprenderían que, lejos de restringir el mercado, el acuerdo consolidó la imagen de Brasil como “un proveedor confiable de soja” por su producción sin violaciones socioambientales. En números:
- la superficie de soja cultivada en la Amazonia casi cuadruplicó (creció un 344% entre 2009-2022), sin generar nuevas áreas deforestadas
- Al contrario, en ese mismo periodo, la deforestación relacionada con la producción de esta oleaginosa se redujo casi un 70 por ciento.
3.
Ni los resultados contrastados ni el nuevo entorno gubernamental favorable a este tipo de medidas, en cumplimiento de acuerdos mundiales, han convencido al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el organismo oficial para la regulación y defensa de la libre competencia en Brasil, para su mantenimiento. El pasado agosto decidió que las 30 empresas firmantes de la moratoria de la soja, entre las que se incluyen los principales grupos multinacionales del sector, como Cargill y Bunge, deben denunciar o salirse del acuerdo, so pena de ser sancionadas con una multa que podría alcanzar hasta el 20 por ciento de su facturación. Una vez más el ariete jurídico-económico contra el acuerdo, voluntario y pionero, es su pretendida violación de la libre competencia. Para el CADE, en una posición clara de neoliberalismo económico, las empresas estarían actuando como un cartel al compartir información sensible y, por tanto, perjudican las exportaciones de otros productores de soja (uno de los motores de la primera economía iberoamericana)
Esta decisión, inicialmente cautelar, has ido el fruto de un expediente de investigación abierta a instancias de la Comisión de Agricultura del Congreso (que sigue siendo de mayoría conservadora -y neoliberal-, pese a la victoria de Lula frente al negacionista Bolsonaro). Una Comisión dominada por el lobby agrario, liderado por AGROSOJA, principal patronal del sector y que valora la decisión como todo “un hito histórico en la defensa de la libre competencia y garantía de seguridad jurídica”. La suspensión representa, en sí, un retroceso que cuestiona el objetivo de Brasil de eliminar la tala ilegal en la mayor selva tropical del mundo, esencial, a su vez, para regular la temperatura del planeta y, por tanto, para la lucha contra el calentamiento global. Si la suspensión cautelar deviene definitiva el aumento de la deforestación sería una consecuencia probable, porque la demanda de soja crece.
4.
Por fortuna, el sentido del límite jurídico, en este caso socioambiental o eco-social, a las libertades económicas (y a los poderes de mercado, también a poderes de Estado), ha emergido en forma de una decisión de una jueza federal. En su virtud, ha quedado sin efecto, a su vez, la decisión suspensiva cautelar, restaurando toda su vigencia. Para la juez, la decisión suspensiva es desproporcionada y prematura, no tuvo en cuenta ni criterios técnicos ni jurídicos, ni siquiera las opiniones de los órganos públicos gubernamentales -ej. el Ministerio de Ambiente-. Por lo tanto, han de incorporarse en el procedimiento administrativo que debe llevar a una decisión definitiva sobre el fondo.
El riesgo continúa, pues, y la incertidumbre sobre esta medida de límite eco-social o socioambiental a la libertad económica de competencia, en aras de un desarrollo sostenible ambiental, pero también económica y ocupacionalmente, está patente. Pero, en todo caso, además de comprobar que las condiciones ecológicas de la producción exigidas por la compra, por el propio mercado principal (europeo), son posibles y útiles, también comprobamos la importancia que va adquiriendo la “justicia social ambiental”. Este fallo, aun provisional, se sumaría a la cada vez mayor importancia adquirida por la tutela judicial que se toma en serio esta materia, como se viene dando cuenta de continuo en esta página. En cualquier caso, es evidente el interés de este tema para la comunidad científica e internacional, pues el desenlace de este conflicto tiene una dimensión no solo regional, para el nuevo modelo de sostenibilidad de las empresas y mercados agropecuarios de Brasil, sino global, por el valor planetario de la conservación de la Amazonia.
5.
Es importante recordar que no es una decisión aislada. Al contrario, como se contextualizó al inicio de esta entrada, forma parte de un movimiento mayor de ataques a las políticas públicas, a los acuerdos multisectoriales y a las leyes que, no sólo Brasil ha adoptado en las últimas décadas. El objetivo más global es, allí y aquí, intentar eliminar las restricciones socioambientales adoptadas a una modo de producción agrícola tan predatorio como insostenible (ni ecológica, ni social ni económicamente -si no se reduce economía a puro interés especulativo de pocos, pese a empobrecer a la mayoría-).
En Brasil, como en otros países de América Latina, la contrarreforma liberal de este movimiento empresarial adoptaría también el rostro antisocial, contrario a los derechos humanos, de maximización extractiva de las tierras indígenas. Aunque hoy cuentan con una protección debilitada, la pretensión económica es demandar una liberación-desprotección total, para abrirlas por completo a cultivos y modos de producción intensiva. Hay que recordar la posición minoritaria en el Congreso del presidente Lula y sus aliados. Cuando recuperaron el poder en 2023 se restauró la política de protección ambiental, dejada en estado comatoso por Bolsonaro, que desmanteló la estructura de organismos fiscalizadores y alentó un discurso que alentaba el expolio de la Amazonia en beneficio de fondos de inversión y grupos de poderosos propietarios locales. Cierto, el actual Gobierno brasileño -como todos, también en Europa- no carece de contradicciones, típicas de un país petrolero, pero no menos verdad es que ha aumentado notablemente los medios y los fondos en el capítulo de protección ambiental, con el objetivo de una tala forestal ilegal 0.
6.
De ahí la importancia de mantener la “presión internacional”, en forma de exigir condicionalidad socioambiental a la producción, para que solo se adquieran productos libres de deforestación (o de otras violaciones, no solo de la protección ambiental, también de derechos humanos sociolaborales -como los de los pueblos indígenas -con carácter general la Directiva de Diligencia Debida). En este sentido se sitúa la Unión (Reglamento UE/2023/1115 relativo a la comercialización en el mercado de la UE y a la exportación desde la UE de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal), que pretende vetar las importaciones de soja, aceite de palma, cacao, caucho, ganado y madera de tierras ilegalmente deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. La norma forma parte de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, la Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030y el Pacto Verde Europeo. Como gran consumidora de estas materias primas, la UE pretende así reducir
- su contribución a la deforestación y a la degradación forestal mundiales asegurándose de que estos productos y sus cadenas de suministro estén libres de deforestación.
- su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad mundial.
El problema es que, tampoco las instituciones de la gobernanza comunitaria están libres de contrapresión, tanto de los lobbies económico-empresariales como de los Estados productores. Entre ellos Brasil, Indonesia y otros. De ahí que lograran un aplazamiento de la vigencia de este veto a la exportación un año más. El Reglamento de modificación (UE) 2024/3234 pospone el cumplimiento al 30 de diciembre de 2025, para los grandes operadores y comerciantes, y microempresas y pequeñas empresas a partir del 30 de junio de 2026.
7.
Las instituciones comunitarias podrán esperar, la salud del planeta y, con ella, la de la entera ciudadanía, no. Como se expresa muy gráficamente, a cada minuto que transcurre sin medidas contundentes de corrección de la emergencia climática antrópica, desaparecen zonas de bosque equivalente a 30 campos de fútbol. No expresan una irresistible fuerza mayor ambiental, sino que detrás, al igual que los gravísimos incendios, o de la mortalidad de la DANA de Valencia, hallamos un modelo productivo y de consumo que maximiza beneficios con minimización de plazos, sin eficaces correctivos públicos. La deforestación es una tragedia ambiental en sí, pero representan mucho más: termina perjudicando de una forma desproporcionada a la propia agricultura (la tradicional y sostenible), por lo que deriva en una seria amenaza la seguridad alimentaria y a los derechos humanos.
En suma, una vez más, la tutela, limitando, y reorientando, desde la normas de mercado la libre competencia, de la sostenibilidad climática beneficia a los derechos humanos y viceversa. Pero, al tiempo, el modelo económico se hace más racional y rentable para la mayoría, proporciona muchos más retornos al conjunto, a los intereses generales y sociales, en detrimento de los más especulativos de tan solo una minoría. De ahí la importancia no solo de las acciones regionales, como las de la UE, o las de Brasil, sino del multilateralismo, tan en crisis hoy por la brutal decisión de Trump de volver a abandonar el Acuerdo de Paris y llevar al mundo a un nuevo militarismo, para avanzar con paso firme en la lucha contra la emergencia climática. La gravedad de los incendios (España, Brasil, Portugal, Canadá, etc.) y demás eventos climáticos extremos recuerdan a diario el insostenible estrés climático antropogénico al que la humanidad somete al planeta.
Desde el liberalismo económico y la desregulación no hay salida. Como ya puso de relieve K. Polanyi, aplicar al “cuerpo social” los principios de una economía tan descarnada como la liberal (o la financiera actual), desprendida de formas de racionalidad económica, social y ambiental que la propia del sistema de precios, generaba, como Goya dijera de “los sueños de la razón”, “monstruos políticos” y “obsoletas mentalidades de mercado” (como la que representa la decisión del CADE brasileño). El capitalismo neoliberal (una sociedad se identifica con un mercado total completamente autorregulado) está en la causa de la emergencia climática y sus derivas en “tierras devastadas”, cultivando los mayores monstruos político-económicos. Para vencerlos se precisa ecosistemas jurídico-políticos y socioeconómicos, estatales e internacionales, capaces de actualizar en la práctica el mandato de la transición ecológica social justa, a su vez condición para tomar en serio el derecho a la calidad de vida, presente y futura, de la gran mayoría de la población por encima de los especulativos de una codiciosa minoría. Un paradigma de desarrollo socioeconómico que defienda la lógica de la economía colaborativa frente a la de la competencia salvaje y el bien común frente al egoísmo y la búsqueda incondicionada del beneficio individual.