En esta entrada, la autora pretende reflexionar sobre la marcha atrás de la Comisión Europea en la estrategia de Green Deal y la responsabilidad de las empresas por daños medioambientales, centrando su análisis en particular en la reciente Propuesta Omnibus, el paquete de medidas de simplificación normativa que afecta a las directivas Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se modifican el Reglamento (UE) n.o 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859, y plantea también modificar los actos delegados en materia de inversiones sostenibles, así como el Reglamento del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y el Reglamento InvestEu, debilitando las obligaciones allí establecidas y la efectividad de las mismas para prevenir y mitigar impactos negativos sobre los Derechos Humanos y el medio ambiente.

Hace algunos años, Lorena Sales y yo discurríamos sobre el dilema de la UE en materia de Derechos Humanos. Quedaba claro que la protección del medioambiente y el respeto por los derechos fundamentales no resultaban pilares de la identidad de la UE, a diferencia de la defensa del mercado único y de las empresas. La realpolitik de la Unión, entendida como una política basada en la realidad y en intereses prácticos, deja en evidencia todas las contradicciones de un sistema en el que resulta imposible conciliar la paz, los derechos humanos y la protección del medioambiente con los intereses económicos y políticos. No existe un equilibrio justo entre la necesidad de regular ciertas materias para liderar en sostenibilidad y el objetivo de mantener la competitividad de las empresas y los productos europeos, asegurando su posición en los mercados internacionales.

De manera similar, resulta evidente que la brújula diseñada y concebida para recuperar la competitividad y fomentar una prosperidad sostenible, en la práctica no es más que un velo que disfraza la cruda realidad a la que nos enfrentamos. Detrás de este discurso, persisten tensiones irresueltas entre los compromisos ambientales y sociales, por un lado, y las presiones económicas y geopolíticas, por otro.  Si de verdad el centro de la estrategia sigue siendo el camino “para que Europa se convierta en el lugar en el que se inventen, fabriquen y comercialicen productos limpios, tecnologías del futuro y servicios, al tiempo que se erige en el primer continente que logra la neutralidad climática.”, ¿Cómo podemos hacer encajar en él la “simplificación” drástica de las obligaciones de diligencia debida en sostenibilidad operada en la OMNIBUS?

Para los que hemos venido estudiando y apoyando el proceso de negociación de las normas europeas sobre el control de las cadenas de suministro el Paquete Ómnibus es un paso atrás, para los trabajadores, las víctimas de abusos corporativos y para el planeta:

1. Se reduce el ámbito personal de aplicación de la norma sobre diligencia debida en sostenibilidad
2. Se desmantelan las obligaciones principales sobre diligencia debida y clima
3. Se reducen los requisitos para supervisar los abusos contra el medioambiente y los Derechos Humanos a los socios directos.
4. Desaparecen las obligaciones de desvincularse de socios que sigan cometiendo abusos
5. La supervisión se realizará cada 5 años en lugar de anualmente.
6. Se propone una serie de cambios significativos que limitarán la eficacia real de las normas antes mencionadas, entre otros aspectos las disposiciones sobre responsabilidad civil y la eliminación de acciones representativas, ambos del mayor interés y considerados progresos indudables.

Eso sí, los cambios radicales planteados en esta propuesta han avanzado a un ritmo sorprendente, sin una consulta adecuada, un análisis de impacto riguroso ni una base empírica sólida. Lo que envía un mensaje inquietante por parte de la UE a la comunidad científica, los defensores de los Derechos Humanos y el mundo empresarial, sugiriendo que los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente han dejado de ser prioridades justo cuando lo que se necesita es reafirmar lo contrario ya que nos enfrentamos a grandes retos como el de la degradación medioambiental y el cambio climático

En fin, “Cambia todo para que no cambie nada”. Acaso, esperar algo distinto resultaba ilusorio.