Retorno a la voluntariedad de la diligencia debida en sostenibilidad: ¿De una Directiva contra el greenwashing a otra a favor del socialwashing?
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
“ASUSTA pensar hasta qué punto pueden los hombres…defender el oden social establecido y contribuir a su más implacable subversión; aterra pensar cuánta es la fe de la política uropea en la retórica mala, en la virtud de las palabras horras de todo contenido, como parapetos defensivos contra las realidades futuras, como banderas para alistar incautos, o como armas arrojadizas con que achocar al adversario”
Antonio Machado. Sentencias y donaries, 2010, p. 145.
1.
El 6 de marzo pasado la profesora María Chiara Marullo, integrante de este Proyecto de Investigación, publicaba una entrada crítica en ecoiura social sobre la regresión propuesta por la Comisión Europea a unos modelos más voluntarios de cumplimiento, por las empresas, de sus deberes de diligencia debida en materia de sostenibilidad integral, es decir, socioambiental (incluyen los derechos humanos) en la entera cadena de valor. Lo hacía a propósito de la inclusión en la Propuesta Omnibus (nuevo paquete de medidas de simplificación normativa) también de la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, antes incluso de su debida transposición en el Derecho interno ya se propondría una modificación que la debilita. Desde entonces, las cosas han ido a peor.
2.
En un plano más general, en estas mismas páginas venimos dando cuenta de cómo las instituciones de la gobernanza comunitaria vienen desinflando, sino derogando, a través de diversas vías (normalmente mediante el aplazamiento año a año de sus normativas más comprometidas para el modelo económico extractivo y basado en combustibles fósiles), sus objetivos de política medioambiental, en una secuencia continuada de concesiones a la crítica politica negacionista que, sin embargo, llega en uno de los momentos más críticos para Europa y el mundo de la lucha contra la emergencia climática. Naturalmente, la excusa no es ni las dudas en el plano científico, que no existen seriamente, ni tampoco, al menos de manera formal, la necesidad de concesiones a los grupos de ultraderecha, sino el objetivo de recuperar la senda de la competitividad económica europea, amenazada de un modo intenso por el modelo mercantilizado, y poco ambientalizado, de los EEUU y de China. En este sentido, ya es sintomático que el “Team Europa” (Equipo Europa) no haya opuesto resistencia a cerrar la última -e inútil- Cumbre de Clima (COP30) celebrada en Belém (Brasil) sin una declaración en contra de la economía fósil.
De forma resignada, la delegación española expresaba su descontento, pero se resignaba asumiendo que, al menos, “no había retrocedido”. Al margen de que toda ralentización es ya muy preocupante, lo cierto es que sí se está retrocediendo, como ilustra la posición de la presidenta de la Comisión Europea, que sostuvo en una conferencia de prensa: “No estamos luchando contra los combustibles fósiles, estamos luchando contra las emisiones de los combustibles fósiles”.
Prácticamente lo mismo que sostienen los Estados petroleros y las muchas empresas asentadas en la economía fósil, alentadas, además, por la “ola ultra” (en lo político y en lo económico) que recorre el mundo y de la que la UE no está libre, más bien lo contrario. Además, junto a limitarse a medidas de mitigación del grado de emisión de gases de efecto invernadero, no de adaptación para eliminarlos, los compromisos alcanzados en la COP30 son eminentemente voluntarios, como:
- Financieros. El de triplicar los fondos de adaptación a las consecuencias del cambio climático en 2030
- Medición objetivada de los efectos negativos de la emergencia climática. Se ha consensuado un conjunto de indicadores (60 en total) para avanzar en la medición comparable de las consecuencias y de las medidas para corregir su actualización. Entre otros, figuran en el texto aprobado:
- el nivel de estrés hídrico o el de eficiencia en el uso del agua
- la tasa de mortalidad asociada a impactos climáticos (se calcula que más de 50.000 muertes en Europa se asocian al calor extremo; se prevé que se tripliquen a finales de siglo, si no se adoptan medidas de adaptación más eficaces; son más de 500.000 personas al año en todo el mundo
- el nivel de incidencia de enfermedades infecciosas sensibles al clima.
En suma, no más cargas financieras nuevas para los Estados obligatoriamente ni tampoco más compromisos de adaptación, más allá del consenso total, inexistente.
3.
Estos claros retrocesos en el modelo, que va reduciendo los elementos vinculantes por normas jurídicas obligatorias, se actualizan también en la UE. Es cierto que, con gran retraso, la UE se acaba de comprometer, por ley, a reducir el 90% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, respecto a las de 1990. Pero con más concesiones a los países reticentes. Así, se ha cedido aumentar del 3% al 5% la cantidad de créditos internacionales de alta calidad compensatorios fuera de las fronteras europeas de los déficits (si un país reduce un 85 % de sus emisiones y necesita cubrir el 5 % restante, podrá hacerlo mediante créditos de compensación hasta alcanzar el objetivo final del 90%. Aunque también se asume la posibilidad de aumentos futuros en ciertas condiciones (podría quedarse, pues, en el 80%), al tiempo que se abre la puerta a dilaciones en ciertos países para el cumplimiento de objetivos intermedios (55% para el 2030 y neutralidad climática 2050), valiendo proyectos piloto (desde 2036). Se confirma, además, un retraso hasta 2028 del ETS2, el sistema de comercio de emisiones para edificios y transporte por carretera a pagar por cada tonelada de CO₂ que emitan.
Pese al exhibido optimismo (resignado) del Gobierno español, estas concesiones son un retroceso (la comunidad científica proponía una reducción del 95% sin puertas de atrás como los mecanismos de compensación externa-). “Lavar carbono en terceros países” (colonialismo verde) tampoco es una vía que augure buen futuro. Traslada la idea de que el compromiso con la reducción no es tan firme como parece y cabrá ajustarlo a las necesidades económicas, no tanto a las ambientales. Países como Italia (y Francia) han impuesto este sacrificio de lo debido por el realismo competitivo, desoyendo a la ciencia y dando credibilidad al -políticamente interesado- mito económico que niega la competitividad de la transición ecológica, pese a invertirse miles de millones en ayudas a las empresas.
En suma, la competitividad económica, pues, manda y la flexibilidad (atajos y cesiones) de cumplimiento de “la ley de clima” (Reglamento UE 2021/1119) su lógica dominante. Se prefiere la curva a la línea recta, aún con el riesgo de que, entre tanta curva, incluso pasos atrás, termine “descarrilando”. Eso sí, en paralelo, la Comisión impulsa medidas de incentivo (subvención) como el nuevo marco de ayudas de Estado para inversiones verdes (el CISAF), así como la simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que eximirá al 90% de las empresas importadoras de trámites “burocráticos” -saluda la patronal -.
4.
Por supuesto, el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno (por 379 votos a favor, 248 en contra, y 10 abstenciones) a esta reforma hacía un cumplimiento flexible de los objetivos, abriéndose a retrasos e, incluso, a incumplirlos si, llegado el momento, se acredita intereses económicos predominantes. Y no es el único caso en el que el Parlamento Europeo asume, votando junto a la derecha ultra y negacionista, este debilitamiento constante, a base de aplazamientos y/o de regresiones, de la otrora ambición jurídico-ambiental europea. El nuevo retraso en la pionera regulación de la UE contra la deforestación mundial (EUDR), de la que ya se dio cuenta aquí al hilo de la marcha atrás dada, al respecto, en Brasil para con la soja, y, por lo que aquí más interesa, la profunda rebaja de garantías jurídicas de efectividad de la, en su día, icónica Directiva comunitaria de diligencia debida en sostenibilidad (CSDDD), reflejan claramente este desinflado. Debilitamientos y retrasos que coinciden con la marcha atrás de los compromisos climáticos de unos Estados, como Alemania y Francia, hoy más preocupados por incrementar su PIB a toda costa, también de la economía sostenible ambientalmente.
En efecto, por vez primera en un acto legislativo, la alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE) con los grupos ultra del Parlamento Europeo ha permitido sacar adelante, otra vez con el “eufemismo de la simplificación de las cargas administrativas”, una drástica rebaja de las normas que exigen responsabilidad corporativa a las grandes empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente. El nuevo texto del paquete Ómnibus propuesto, que afecta a la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), a la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD) y a la Taxonomía Europea, introduce importantes recortes en estas obligaciones, tanto sustantivas como de transparencia. Sin duda, lo más llamativo es que reduce de manera brutal, en un 92%, las empresas obligadas a informar de sus políticas y medidas de diligencia debida en sostenibilidad integral (derechos humanos y protección ambiental). La ampliación extrema de los estándares de plantilla y de volumen de negocio de las empresas obligadas a informar en sostenibilidad, así como para la obligación de gestión de riesgos en derechos humanos y ambientales, deja prácticamente en residual su impacto empresarial.
5.
El Parlamento Europeo ha dejado de ser, pues, un aliado del progreso social, no solo de la sostenibilidad ambiental. En este escenario político-institucional, de la misma manera que las instituciones comunitarias ya no hablan tanto de green (verde), sino de clean (limpio), comprando un eufemismo que buscan blanquear el fuerte giro que está dando la UE en materia de ambición climática, también estaría sucediendo algo análogo para “lo social”. El “eco-postureo” (greenwashing) que parecía querer erradicar la nueva Directiva al efecto (UE/2024/825) ahora comienza a sembrarse en su seno, veremos si termina germinando y creciendo. Pero, lo que es tanto o más preocupante aún, es que ahora, el “socio-postureo” (socialwashing), en términos de (in)diligencia debida de sostenibilidad, parece también volverá a llamar a la puerta y recibir una bienvenida, a partir de estas propuestas de reforma referidas.
Bajo el eufemismo de la simplificación normativa vuelve el favor hacia un modelo de responsabilidad social corporativa voluntario. Esta “nueva narrativa” de la política de diligencia debida corporativa propugna un giro copernicano, de modo que si la Directiva vigente supuso el intento (bastante rebajado finalmente) de girar desde el precedente modelo de la voluntariedad a otro más vinculante, para toda la cadena de valor global, ahora se pretende lo contrario, con una deriva errática y que convierte el objetivo de la simplificación normativa en un grave riesgo de descarrile, de pérdida de auténtica funcionalidad de la regulación comunitaria. Precisamente, en una publicación del Foro Económico Mundial, a propósito de la propuesta de Directiva 2025/81, se advertía de que: “la desregulación con el objetivo de mejorar la eficiencia económica (…) podría generar una mayor concentración de poder, precios más altos para los consumidores y un debilitamiento de los esfuerzos de sostenibilidad”
En consecuencia, a la pérdida de efectividad de estas obligaciones se suma el riesgo de erosión de la transparencia del mercado, con el consiguiente aumento de sus ineficiencias. No solo EEUU, también China, han superado a la UE por una posición más fuerte “en tecnologías de vanguardia”, pero sus tasas de pobreza y de desigualdad son muy superiores a las de la UE. Por lo que en juego no está solo la sostenibilidad ambiental, sino el propio modelo social europeo. Demasiado riesgo, demasiada incertidumbre para el futuro de la UE. No podemos aceptar la trampa de Lampedusa en su monumental El Gato Pardo: “que cambie todo, para que nadie cambie” -como bien advertía nuestra compañera Chiara Marullo-.
