2Pero ¿cuáles son los principales problemas y, por lo tanto, reivindicaciones más básicas del sector de la economía y el trabajo en el campo? Aunque son más de los que habitualmente se reflejan en la prensa, es cierto que suelen centrarse en dos bloques, ambos relacionados con las políticas de la Unión Europea. El primero se refiere a la Nueva Política Agraria Común (PAC), básicamente en dos variables. Una, por la extremada maraña burocrática para la gestión de las ayudas (rentas) que les garantiza la PAC (Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad -ABRS-), que seria el nuevo sistema de apoyo (intervención) a la renta para las personas agricultoras. Se trata de una ayuda desvinculada de la producción, que se encuadra dentro de las intervenciones que dan respuesta al Objetivo específico 1 del Plan Estratégico de la PAC[2]:

Apoyar una renta agrícola viable y la resiliencia del sector agrícola en todo el territorio de la Unión a fin de mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo y la diversidad agrícola, así como garantizar la sostenibilidad económica de la producción agrícola de la Unión.

La otra, seguramente más relevante y de fondo, deriva de la que, a su juicio, consideran excesiva “condicionalidad ambiental” (curiosamente, nada se dice de la nueva condicionalidad social, que también se estrena en la nueva PAC para este año 2024 y sobre la que se hablará en esta página en futuras ocasiones). Se quejan de que las instituciones comunitarias quieren convertir el trabajo en el campo en -dicen con cierto grafismo, y exageración- “trabajo de jardinería”. Garantizar lo que se conoce como “soberanía alimentaria europea” no se conciliaría con la ecología.

Sorprendentemente (desde este momento ya advertimos que los problemas reales de la economía y el trabajo en el campo nada tienen que ver con la ecología y la necesidad de transición verde, que está sirviendo de chivo expiatorio) aquí han sido oídos. Sus propuestas de exención de controles de condicionalidad ambiental para las explotaciones de menor tamaño, la voluntariedad del cuaderno digital y la modificación de las normas de buenas prácticas agrarias relativas a la rotación de cultivos y el barbecho, entre otras, se incluyen en el nuevo paquete de medidas propuesto por la Comisión Europea (CE). Las personas titulares de los Ministerios de Agricultura de la UE incluso presionan a la CE no solo para que dé inmediatez a estos acuerdos, que deberán ser objeto de una reforma legislativa acelerada, sino para que se vaya más allá, con medidas «más ambiciosas»[3].

El obro bloque de reivindicaciones vinculadas a cuestiones de competencia de la Unión Europea, en cierto modo también ligado a la doble condicionalidad de la nueva PAC (la ambiental y la social), aunque va más allá, tiene que ver con lo que consideran (y es) competencia desleal de terceros países. Se quejan de que se les prohíbe utilizar en sus cultivos determinados productos químicos (fitosanitarios), más baratos, pero más nocivos (para la salud humana y para el medio ambiente), lo que eleva sus costes, aunque mejora la calidad de sus productos, mientras que, en cambio, ven como por las diversas fronteras de la UE entran a diario miles y miles de toneladas de productos agrarios de terceros países que hunden los precios (en algunas ocasiones incluso prefieren tirarlos[4] o donarlos al público[5]). Sin duda, aquí influye también el menor coste de la mano de obra en esos países, por ser mucho menos garantistas sus normas laborales y de seguridad social (por cierto, como en su día se quejaban los agricultores franceses respecto de las exportaciones de los productos agrarios de España -con episodios que todavía, lamentablemente, se han visto en fechas recientes-). Por eso piden, y la Comisión parece dispuesta, si bien no será fácil, porque hay otros intereses comerciales contrarios de los países del Norte, una «cláusula normativa espejo», para que los productos importados de países terceros cumplan las mismas exigencias que los comunitarios (en términos jurídicos principio de reciprocidad).