
Volvió la lluvia, pero no desaparece la escasez hídrica: Del “ERTE” al “ERE por sequía” de Freixenet.
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
“La peor sequía es la de ideas y emociones. La de no pensar que el agua es un modelo ético que emular. La de no reconocer que vemos con dos grandes gotas de agua y que, por eso, Ella tiene los colores de todos los ojos que la han mirado”.
Joaquín Araújo
1.
Desde los delitos contra el medio ambiente por una sobreexplotación ilegal (posible robo, en realidad) del agua, como en el caso de la finca del Ajóbar, de la familia del Ducado de Alba, a la contestación social por el polémico proyecto del Cabildo Insular y empresa Red Eléctrica, financiado por el BEI (Banco Europeo de Inversiones), en el salto de Chira, para construir una central hidráulica que permitan almacenar energías renovables (megabatería de 200 MW para el almacenamiento de energía hasta 18 horas) y una desaladora, para frenar la sequía en Gran Canaria, la gestión eficiente y socialmente justa de los escasos recursos hídricos siempre están en el ojo del huracán. Las intensas lluvias en las últimas semanas, al llenar, en algunos casos hasta el límite, los diferentes embalses, obligando a muchos incluso a abrir sus compuertas, está dando pie a nuevas iniciativas, para la creación de baterías gigantes para las energías renovables. Es el caso de la gran central hidroeléctrica reversible, conocida como “Conso II”, proyectada en Galicia (se ubicará en el río Bibey, provincia de Ourense) y que no precisará la construcción de nuevos embalses, buscando que actúe como una “batería natural” (constituirá una batería gigante subterránea que actuará como planta hidroeléctrica de bombeo).
A falta de baterías, pues, España almacena su energía con agua, bombeando desde los pantanos el doble que en los últimos 15 años, por lo que la “seguridad eléctrica” se complementaría con la seguridad hídrica, sin un desproporcionado coste para el ambiente, dice Red Eléctrica (REE), en el dosier del proyecto de Chira, por ej., si bien las voces críticas sostienen lo contrario. Costes ambientales que se ponen especialmente de relieve en otros proyectos, como el de la macrocelulosa en Galicia (el principio de participación pública en materia de gestión ambiental no siempre sobresalta a la Xunta, a veces recibe buenas noticias judiciales). En todo caso, conviene no confundir ni autoengañarse, el problema del déficit hídrico en la España de nuestro tiempo lejos de estar resuelto sigue siendo grave y requiere de la toma de decisiones normativas, políticas, económicas y sociales de relevancia extrema, a fin de garantizar un crecimiento económico sostenible, ambientalmente sí, pero también en el plano sociolaboral y viceversa.

2.
En efecto, en entradas previas hemos tenido la oportunidad de alertar sobre la necesidad de diferenciar claramente el concepto de “sequía” del de “escasez”, estrés o déficit hídrico. El coyuntural fin del precedente -largo- periodo de sequía, en los planos meteorológico e hidrológico, en modo alguno soluciona de manera eficaz el persistente déficit hídrico, esto es, el desequilibrio de disponibilidad de agua en los planos ecológicos y socioeconómicos, incluso agropecuario. Por eso, ni puede desaparecer la alerta hídrica, porque los periodos de sequía pluviométrica regresarán, debiendo evitar recaer de nuevo “ciclo hidroilógico” de pensar que con el retorno de la lluvia se acabó la escasez hídrica y aplazar la toma de las decisiones debidas para establecer la debida y urgente transición hídrica socialmente justa, para que el próximo periodo de sequía tenga el mínimo impacto socioeconómico posible, ni cabe entender que los impactos de la sequía precedente se habrían esfumado.
En este sentido, son todavía muchas las zonas en que la normalidad no está recuperada. Así lo evidencia, en el plano científico, el Informe Clivar-Spain (estudio que, coordinado por una decena de científicos/as de España, apadrinan la Oficina Española de Cambio Climático y el Ministerio para la Transición Ecológica) y lo reafirma, en un plano de experiencia sociolaboral, el ERE (procedimiento de regulación de empleo ex art. 51 ET) “por sequía” del Grupo Freixenet. La célebre productora de cava justifica este ERE por la «crisis sin precedentes» que habría provocado la falta de agua en Cataluña durante los tres últimos años
Brevemente, es oportuno recordar dos datos. El primero, que Cataluña, de una forma más particular el este de Cataluña, cuyo territorio está drenado por los ríos de las cuencas internas (las que no vierten al Ebro), vivió, desde 2021, una sequía pluviométrica durante tres años calificable como y excepcional (sin ningún referente en 200 años). El segundo que, entre los efectos más notorios, en el plano de la gestión sociolaboral de las empresas establecidas en esa zona, estuvo el, ya comentado también en estas páginas, ERTE (procedimiento de regulación temporal de empleo) presentado ahora hace un año por Freixenet. Si bien se postuló, por la empresa, como un ERTE de fuerza mayor por sequía, para beneficiar, a las personas trabajadoras y a la empresa, de las ventajas e incentivos socioeconómicos de esta modalidad de ERTE frente a la de ERTE-CETOP (por causas económico-productivas) prevista en el art. 47 ET, finalmente, tras el rechazo de la autoridad laboral catalana, se negoció como ERTE-CETOP, alcanzándose acuerdo.

Estado del embalse de la Baells (río Llobregat), en la provincia de Barcelona, febrero de 2024. Pablo González-Cebrián
3.
No parece haber sido suficiente esta medida de regulación de empleo, por lo que ahora la empresa daría un paso más delicado, la promoción de un despido colectivo que afectaría a un máximo de 180 personas empleadas, lo que podría reducir prácticamente 1 de cada 4 empleos de Henkel Freixenet en España (24,4% de la plantilla). Tras una crisis sin precedentes por la pertinaz sequía (con consecuencias negativas a largo plazo de los patrones climáticos extremos) y los cambios fundamentales en la dinámica del mercado (graves interrupciones en la producción que ha llevado a reducir la producción de cava en general, y de forma particular en Freixenet, por la especificidad de la uva que utiliza, con denominación de origen -DO- cava -esta DO ha vendido un 13,4% menos de botellas en 2024 que el anterior, unos 218 millones aproximadamente), se necesitaría adoptar, afirma la compañía en su comunicación a la autoridad laboral, “medidas urgentes para garantizar el desarrollo sostenible del negocio en el futuro«. En este sentido
«Las reservas reducidas –se ha reducido la cosecha un 45%– y el aumento de los costes de las materias primas han agravado el desajuste entre la demanda del mercado y la sostenibilidad operativa«.
El ERE afectará a las sociedades Freixenet SA y Segura Viudas SAU, pero no a Comercial Grupo Freixenet. Es cierto -se advierte desde la empresa- que ha vuelto a llover, por lo que las expectativas a medio plazo pueden mejorar notablemente. Sin embargo, enfatiza igualmente la compañía, el “proceso de elaboración del cava es largo» y, por tanto, habría efectos irreversibles para este momento, que exigiría una medida drástica como esta reducción de la plantilla. El impacto de la política arancelaria de Trump y la crisis que ha provocado no sería tampoco ajeno a esta decisión, dado que EEUU sería el tercer mayor mercado de la empresa.
Como es lógico y natural, los sindicatos, que estaban en plena negociación del nuevo convenio colectivo de la empresa (el actual está vigente para los años 2022-2024), tienen una lectura diferente de la situación y consideran la medida precipitada, porque la vigencia del ERTE de reducción de jornada para la mayoría de la plantilla podría permitir mantener los contratos hasta que se clarifique el efecto de las lluvias, para recuperar la “normalidad productiva”, en esta empresa y en el sector o, al contrario, verificar de forma más precisa que las lluvias no han sido suficientes a tales fines. En su visión, la solución debería situarse en el consejo regulador del cava, para que flexibilice el marco normativo prohibitivo del uso de uva de otras zonas para la elaboración de cava. Se llama, así, a un compromiso de la Administración para facilitar una solución no traumática, sino conservativa del empleo, evitando el impacto de reducción de puestos de trabajo, que también repercute negativamente en la zona (la empresa emplea a 738 personas y es un potente motor de ocupación en el Penedès).
4.
Aunque el procedimiento solo ha hecho que empezar (Freixenet tendrá que presentar las cuentas del año 2024, lo que no ha hecho aún), por lo que daremos cuenta de su desenlace cuando se produzca, entendemos oportuno ahora realizar un par de observaciones. La primera, la necesidad de canalizar estas medidas con la mayor justicia social posible, de modo que tenga el menor impacto sociolaboral en la empresa en general, y en las personas trabajadoras afectadas en particular, de forma que se priorice la protección de personas, familias y comarcas.
Asimismo, en segundo lugar, más allá del caso concreto, es necesario llamar la atención sobre la elevada factura de la sequía en este mercado. las ventas en España descendieron un 3,56%, pero en el extranjero se desplomaron un 18%. En Alemania, por ejemplo, mercado clave, la producción de cava sufrió la falta de producto (vendieron el año pasado solo unos 11 millones de botellas, 19,9 millones menos). El recorte derivó de la decisión estratégica de Freixenet ante la falta de producto: optó por minimizar los envíos a Alemania, aprovechando que su matriz, alemana, copa con otras marcas propias el mercado de espumosos. Eso sí, de peor calidad, lo que ha abierto cierta “crisis de reputación”, asociando la marca, que un día fuese muy prestigiosa, a un modelo de negocio más basado en precios que en calidad. A lo que se suma el riesgo de deslocalización, fuera de Cataluña, de la producción, sospecha anidada desde que el control de la compañía quedara en manos extranjeras. Ni todo es sequía ni su gestión debiera ser tan imprevisible.