El calor extremo agudiza las desigualdades sociales: del estrés térmico a la pobreza energética también en verano
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
1.
Es un dato de evidencia, científica y de experiencia práctica, que ni el cambio climático antrópico ni los procesos de transición impulsados para mitigarlo inciden de forma igual en todas las personas, colectivos y territorios. Al contrario, impacta de forma muy desigual, de modo que, por lo general, quienes menos contribuyen al cambio climático más gravemente sufren sus perjuicios. Precisamente, para tratar de compensar esa situación se diseñó normativamente y se ha puesto en práctica, en el plano de las políticas públicas, el célebre paradigma de la transición ecológica socialmente justa.
Sin embargo, su aplicación práctica deja mucho que desear y son cada vez más las evidencias científicas que ponen de relieve sus insuficiencias y, en consecuencia, las enormes desigualdades que generan los procesos adversos extremos climáticos, como las recurrentes olas de calor en escenarios de altísimas temperaturas promedio. De ahí que, a los durísimos impactos en términos de salud, y por tanto de sobrecarga asistencial sanitaria, se sumen otros efectos sociales, como los de la creciente pobreza energética en verano, asociada hasta ahora solo al invierno. Tanto los problemas de salud pública, también laboral (el mes pasado dedicábamos una entrada, justamente, a cómo las temperaturas extremas no solo llegan a los centros de salud, también las decisiones judiciales, como la calificación de accidentes de trabajo) como los de pobreza energética superan en el tórrido verano a los del frío invernal. En suma, el calor extremo recurrente agrava las brechas de desigualdad en millones de hogares españoles y exige las debidas medidas compensatorias (garantías de rentas y servicios sociales).
- cada grado centígrado de incremento en la temperatura ambiental, aumenta un 35% la mortalidad por calor.
- Asimismo, aumenta un 2,1% los decesos vinculados a las patologíad cardiovasculares. Debe recordarse que, según la Comisión Europea, el 28% del total de las muertes laborales se deben a estas patologías, hasta representar la segunda causa de mortalidad laboral en la UE (la primera es el cáncer, con un 53%, la tercera las enfermedades respiratorias, con un 6%, asociándose estas patologías a la contaminación ambiental).
- también el número de personas que enferman crece un 18% (un 25% en el caso de los mayores de 65 años).
Los efectos perjudiciales no son iguales para todos los casos, sino que crean desequilibrios e inequidades para personas, colectivos y territorios. Una vez más, una cuestión ambiental estratégica pone encima de la mesa su gran dimensión de salud humana y sus variables socioeconómicas (vulnerabilidades). Se confirma que no hay problema ecológico o ambiental que no sea, al tiempo, una cuestión social de primer orden. Por tanto, la lucha contra el cambio climático antrópico y la gestión de los procesos dirigidos a mitigarlo desafían el entero sistema del Estado de Bienestar. Éste, por tanto, debe adoptar una lógica proactiva eco-social, a fin de garantizar y promover que “nadie queda realmente atrás”, adaptando todos sus subsistemas de protección social. Desde luego el sistema sociosanitario, de modo que la reforma y garantía de los sistemas nacionales de salud deben hacer cuentas también, junto a la transición demográfica (población cada vez mayor), con los muy relevantes, graves e intensos efectos del cambio climático en los estados de salud de la población en general, y de ciertos colectivos (ej. mayores) en particular.
3.
Pero no solo el sistema de protección social de asistencia sanitaria deberá afrontar este desafío. El desafío es mucho mayor para el conjunto de los sistemas de seguridad (coadyuva a aumentar las bajas por IT) y protección sociales.
El creciente carácter multidimensional del problema clásico de la pobreza, que ya no lo es solo por insuficiencia de rentas derivadas del trabajo (o pensiones), sino también por la privación de bienes y servicios de carácter social (Informe sobre pobrea 2026, EAPN), de primera necesidad (sea la vivienda -pobreza habitacional-, sea la energía -pobreza energética-, sea el transporte -la pobreza de movilidad sostenible-, etc.), desborda con mucho el protagonismo de los sistemas de seguridad social (estatal) y de asistencia social (autonómicos). Al igual que se ha demostrado para la salud (afirmándose que el código postal -residencia- puede ser más relevante para los estados de salud que el código genético), también para el bienestar térmico en el verano queda acreditado que temperaturas que para unos barrios, edificios y hogares es incomodidad térmica, para otros (barrios y hogares) muta en una amenaza seria al estado de salud.
Hombre con un niño en un balcón de la calle de la Cera, en el Raval (Barcelona).
Autoría: Gianluca BATTISTA. Fuente: El País, 15 de julio de 2026
En modo alguno es un problema aislado. Los datos dicen que más del 30% de las familias españolas pueden catalogarse como pobres energéticamente, pues no están en condiciones de mantener su casa a una temperatura adecuada durante la época estivas (informe de Greenpeace, 2025). No sorprenderá que la Estrategia Nacional de Pobreza Energética (2026-2030), tardíamente aprobada este febrero, si bien no aplicada todavía, incorpore las dificultades de climatización en verano para el cálculo del umbral de pobreza energética, a fin, por ejemplo, de reconocer el goce o disfrute efectivo del “bono social eléctrico”, que será reformado estructuralmente para corregir algunas deficiencias aplicativas.
Asimismo, potenciará la creación de comunidades energéticas renovables, con líneas de incentivos económicos, sobre todo para familias vulnerables (en esta línea destaca el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio). En esta dirección ya se han puesto en práctica algunas líneas de financiación-incentivo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Aunque deberá tener una proyección más sistémica con la aprobación y puesta en práctica, que ya va también de forma muy tardía, el Plan de Acción Social para el Clima (presentado en el pasado mes de mayo busca mitigar no solo la pobreza energética, a través de fomentar la rehabilitación de edificios para ser eficientes en el consumo eléctrico, también la de transporte -para la que hay comprometida otra Estrategia en dos años-).
Los desequilibrios, pues, no son solo individuales o grupales, afectan a los territorios. El creciente y extremo calor urbano se distribuye de forma cada vez más desigual en las grandes urbes europeas, de modo que ahora se hacen sentir, con el cambio climático antrópico, esas profundas desigualdades acumuladas a lo largo del tiempo por las políticas urbanísticas igualmente desiguales socialmente:
“El centro urbano y los barrios vulnerables mantienen temperaturas más altas porque sus materiales han acumulado mucho calor y lo liberan lentamente” (Carmen Sánchez, coordinadora del proyecto internacional Cooltorise -iniciativa pionera financiada por la Comisión para reducir la vulnerabilidad de los hogares en la estación más cálida del año-).
Asfalto y hormigón a mansalva con escasez de árboles, calles estrechas y edificios avejentados contribuyen a que el estrés térmico se transforme no solo en (1) un agente de riesgo para la salud humana, sino también en un (2) factor de vulnerabilidad socioeconómica, con efectos de inequidad grave porque afecta desproporcionadamente más a quienes menos recursos tienen para protegerse. Son, pues, numerosos los factores que alimentan las llamadas “islas de calor” que generan un sobrecalentamiento mayor en unos barrios que en otros, mayores que en las zonas rurales, aunque éstas tengan otros riesgos, como los incendios. Vivimos (y sufrimos) ya una “nueva normalidad climática”, no la excepcionalidad que quieren hacernos creer (llega antes, dura más tiempo y alcanza temperaturas más elevadas de una forma recurrente). Según el último informe de World Weather Attribution, un episodio de calor como el registrado en junio de 2026 habría sido prácticamente imposible en 1976, incluso poco probable en 2003.
4.
En suma, en nuestro tiempo, actualmente, es la propia estructura urbana la que marca hoy quién sufre más el calor y quién consigue escapar de él mejor. Es tiempo pues de adaptación. El impacto sanitario no solo dispara la morbilidad y mortalidad (según datos del Ministerio de Sanidad), dado que ni los hábitos ni los servicios están preparados para episodios prolongados de calor, sino que lo hace de manera desigual, agravando los factores de vulnerabilidad. Como recelan en la UE, no se trata de plagar los hogares de aires acondicionados que, al final, terminan sobrecalentando mucho más los entornos.
Desde luego, el calor extremo exige soluciones urbanísticas que:
- propicien las infraestructuras frescas colectivas, diseñadas y gestionadas con la comunidad, para no dejar atrás a quienes no pueden pagar la refrigeración individual.
- creen una red estatal de refugios climáticos, convirtiendo los edificios públicos en espacios frescos durante los meses más cálidos (hoy solo 19 capitales de provincia en Españacuentan con una red de estos espacios).
Pero esta necesidad de innovación adaptativa debe ir más allá de la política de planificación urbanística (siempre compleja y polémica). El calor extremo debe abordarse, pues, no solo como un riesgo ambiental más evitable, al igual que la contaminación atmosférica, sino como un riesgo eco-social igualmente previsible y evitable, mediante un ecosistema regulador adecuado, políticas específicas adaptadas y la debida garantía de financiación. Se precisa, pues, un ecosistema de garantías jurídico-sociales adecuadas al cambio climático y a sus políticas de mitigación, a diseñar y poner en práctica, de forma coherente y eficaz, en todos los subsistemas de protección social y de las políticas sociales a las que responden. La respuesta debe implicar también a las políticas de salud-asistencia sanitaria (también por la asociación con problemas de salud mental, por lo general más obviados), educación, vivienda, movilidad, protección social, laboral, etc.
En definitivo, se acumula la evidencia científica sobre este impacto social notable en la pérdida de bienestar físico, psíquico y social de crecientes grupos y zonas de población, más unos colectivos y comarcas que otros, aumenta también su plasmación en discursos y estrategias institucionales, incluso se anuncian los fondos y planes que deberían financiar esta transformación. Sin embargo, la realidad, una vez más, sigue presentando una gran fractura entre lo que se sabe y se dice hay que hacer y lo que se hace. Convendría avanzar más por el terreno de las garantías de efectividad de los derechos en vez de tantas proclamaciones, tan solemnes y reiteradas como, a menudo, vacías, puro humo político. Aunque se vende las transiciones como un sistema de oportunidades de desarrollo sostenible siguen actuando como un conjunto de problemas y obstáculos para ello. En última instancia, el problema de fondo es siempre el mismo, la desigualdad:
«La edad importa, pero la renta decide» (Rubén Martínez, director del área de Urbanos y Ecología del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, IDRA).