Nuevo conflicto entre la razón de la sostenibilidad ambiental y la de la economía digital: Los centros de datos no quieren ser regulados
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Ana Hueso Moral.
Contratada predoctoral. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales
Universidad de Jaén.
El 30 de junio pasado ya tuvimos la oportunidad de dar cuenta de la nueva evidencia científica que ponía cifras a la extraordinaria “huella medioambiental” de los centros de datos, hoy tan ansiados económicamente como temidos ambientalmente. En ese análisis también reparamos en las dudas que existen respecto a sus pretendidos beneficios en lo que a la creación de empleo sostenido y sostenible refiere. Consciente de su ambivalencia elevada en términos de un modelo de crecimiento económico integralmente sostenible, el Gobierno de España, desde hace unos meses, está tramitando una regulación, con el fin de garantizar un mayor equilibrio entre lo que aportan realmente los centros de datos, que están proliferando tanto por España y a menudo rifados por países y poblaciones, y los altos costes socioambientales que tienen.
Pero los centros de datos, como todo lo que tiene que ver con la economía digital (sobre todo en lo que a la Inteligencia Artificial hace), se resiste a ser regulados. De ahí su fuerte rechazo para el Real Decreto, con una batería muy extensa de alegaciones dirigidas realmente no tanto a que se equilibren las razones en juego sino a “abortarlo”. Por eso, aunque el Gobierno ha tratado de flexibilizar sus requisitos (condiciones de sostenibilidad ambiental -uso de las energías renovables, reducción del consumo de agua), para apaciguar a “la bestia digital”, no lo ha logrado. Al contrario, el conflicto va a más.
En efecto, el nuevo borrador, presentado el pasado lunes, 26 de octubre, incluye más de una concesión a los centros de datos. Reduce el porcentaje de energía derivada de la generación renovable y eficiencia energética, dándole, además, más tiempo para lograrlo. Sin embargo, incorporaría una condición que desagrada de raíz al sector: deberán aceptar la posibilidad de ser desconectados de la red eléctrica, de forma prioritaria y sin compensación económica, para beneficiarse de las nuevas condiciones transitorias. Una primera lectura de esta exigencia evidencia su funcionamiento como una cierta garantía de efectividad de las condiciones impuestas, de modo que el Ejecutivo se reserve el poder de autotutela si esos consumos eléctricos indebidos se producen, desconectándolos de la red común y sin indemnización de daños.
Según informaciones periodísticas consultadas, la reacción de la industria ha sido inmediata y rotunda. No solo insisten, con algo de exageración, como siempre, a nuestro juicio, de que las modificaciones son tan insuficientes para resolver los problemas de viabilidad técnica y económica que determinarían el cierre de los centros en España, con la instalación en otros países vecinos, como Portugal, que ya se ha ofrecido para ello, sino que las novedades serían tan contrarias a razón y Derecho que anuncian recurso ante los Tribunales, por inconsistentes jurídicamente y discriminatorios económicamente respecto a otros actores de mercado. De momento, la pugna de estos “titanes” de la economía de la I.A. contra el Gobierno se sitúa en el Consejo de Estado, en el que está el proyecto, que se tramita por la vía de urgencia, sin abrir, pues, nuevo periodo de alegaciones, eludiendo, de este modo, una segunda evaluación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que ya ha expresado sus dudas.
El problema no parece insalvable, porque estas entidades podrán personarse en el Consejo de Estado y emitir sus informes. Con lo que seguro que su voz sigue teniendo un gran eco en el seno de las institucionales. Veremos hasta qué punto son capaces de doblar el pulso al Gobierno, bien dilatando sine die la publicación de esta norma, como sucede con otras tantas, bien vaciándola tanto de garantías que resulte inocua. En tanto, un gran negocio, milmillonario, acecha. Veremos.