La enorme huella hídrica de la Inteligencia Artificial: la transición digital y la ecológica ¿“gemelas”, pero “opuestas”?
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
1.
Nuevo “El Dorado” de los Centros de Datos: los beneficios económicos y de empleo prometidos. Los centros de procesamiento de datos, el «cerebro digital»donde se guarda y procesa toda la vida de internet, conocen un gran auge en todo el mundo, con una especial repercusión en determinadas regiones de España, como es el caso de Aragón. Los autogobiernos (ej. Plan de Interés General de Aragón -PIGA-) se afanan por lograr las inversiones y los ingresos mastodónticos que prometen. Por ejemplo, en Zaragoza se estima un impacto económico del proyecto de Microsoft 7724 Spain SLU de más de 3.200 millones de euros (gráfico, Fuente IDC, 2024) y más de 500 millones de contribución fiscal para las arcas municipales (ingresos por el IBI y por el IAE entre 2024-2030). Se calcula un crecimiento de entre el 2% y el 4% del PIB en Aragón en el período 2026-2030.
A esos datos de relumbrón, brillo y fascinación se suman las razones ocupacionales: se calcula que generarán más de 6.000 puestos de trabajo entre los empleos directos e indirectos. Aunque no siempre aparece suficientemente clara la información, que no suele desagregarse por el tiempo de empleos y su calidad (CESA, 2025) los informes más favorables estiman un aumento en la generación de puestos de trabajo de entre el 2% y el 6% para el período 2024-2030. 3.686 empleos se corresponden con empleos generados en el ecosistema cloud de Microsoft y 2.399 serían nuevos puestos de trabajo creados por las nuevas regiones cloud. Una vez completado el desarrollo total del campus, el empleo fijo en la fase operativa se cifra en 300 puestos de trabajo.
Las cifras para toda España -airean los periódicos económicos más serios– serían aún más mareantes. En ese periodo, Microsoft, sus partners y los clientes que usan sus soluciones en la Nube generarían, en conjunto, 194.000 nuevos empleos para la economía española, incluyendo los puestos directos derivados de las Nuevas Regiones Cloud en sus propias organizaciones (77.000) y los generados indirectamente en otras empresas (117.000). Fiscalmente el ecosistema Cloud de Microsoft promete contribuir a la fiscalidad española con 16.000 millones de euros provenientes de la tributación sobre empleos directos e ingresos durante el mismo período.
2.
¿Los centros de datos, “cabeza” y “corazón” de la economía digital, una alternativa de transición energética justa? La comunidad aragonesa aprovecha su potencial energético y su posición geoestratégica para convertirse en uno de los grandes polos de datos en el país y en Europa. Tanto fascinan que los territorios que aún no los tienen suspiran por ellos. Por ejemplo, el municipio de Tarragona Móra de Nova.
Este municipio catalán pone sus esperanzas de “transición justa” desde su presente-pasado nuclear (Ascó y Vandellós), que deben cerrar el año 2030, de no mediar su prórroga, lo que no parece, al futuro prometedor de su candidatura a albergar una gigafactoría europea de Inteligencia Artificial (IA). Las oportunidades de un empleo estable y bien remunerado en la industria nuclear fueron el sueño laboral para tres generaciones de la comarca, el horizonte de cierre de las plantas la pesadilla para 10.500 personas empleadas en la zona. Por eso, en el proyecto de la nueva “industria de los datos” ponen su fe de revitalización del territorio, de modo que frene la despoblación que les sacude y amenaza su futuro. El Gobierno ya ha comprometido casi 800 millones de euros para que se implante en esa zona. Quiere, así, captar una de las cuatro de estas macroinfraestructuras tecnológicas punteras a instalar por la UE en distintos Estados. Grandes grupos (Telefónica, ACS y Banco Santander) se han implicado también y ofrecen una cara de credibilidad notable.
3.
Todo tiene un (alto) precio socioambiental, también la Nube: de las luces (gozos) a las sombras. Aunque suele presentarse la transición digital en la UE como un proceso gemelo a la transición ecológica, de modo que la culminación, más intensa y acelerada, de aquélla facilitará ésta. La realidad suele aparecer, cuando se indaga con cierta profundidad, diferente y más sombría, más ambigua o ambivalente. Desde esta perspectiva, también proliferan los informes y estudios en los que se contrastan las “promesas de beneficios” con los “impactos nocivos”, en lo ambiental y en lo social, que también se derivarían, sobre todo, sino se fijan las condiciones necesarias para evitar o, al menos, mitigar esos “impactos”.
Al respecto, los centros de datos prometen unos beneficios exagerados, económicos, fiscales y en términos de empleo (Gómez Delgado, Aurora, 2026). Como ya se puso de relieve respecto de la evaluación de empleo en el sector de las energías renovables, ni son tantos como los prometidos o estimados ni, sobre todo, están tan localizados como se promete. De hecho, respecto de los centros de datos estos estudios ponen de relieve que el 59% de los beneficios se irían fuera de la región de Aragón. De forma análoga a las plantas fotovoltaicas, los centros de data no serían más que grandes almacenes con servidores informáticos y, por tanto, demandan poco personal permanente (como en las plantas solares, el empleo se concentra en la fase de construcción y aportación de materiales).
Pero el problema no está solo en que no suele dar realmente tanto como prometen para la economía local. Además, y sobre todo, implican costes de tal magnitud que hace dudosa su sostenibilidad, sobre todo en términos verdes o ecológicos, generando problemas extractivos y de iniquidad ambiental análogos, o incluso superiores, a la industria fósil. Al elevado coste energético que exigen los centros de datos, cuya prioridad en el uso de las energías renovables derivará en un uso desigual para el resto de los actores económicos, se añade el gran coste oculto de la I.A., el enorme consumo de agua que precisa para refrigerar los servidores, que alcanzan altas temperaturas. En los proyectos no se habla de ello.
No, no tranquiliza nada, que no se hable de ello. La razón es que, pese a no darse información alguna sobre sus consumos exponenciales por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que permanece ajena a cualquier tipo de alerta. Pero, según un estudio de la Universidad de la ONU («Coste ambiental del uso energético de la IA: huellas de carbono, agua y suelo, 2026), en 2030 los centros de datos que alimentan la I.A. consumirán tanta agua como 1300 millones de personas y la electricidad de 650 millones. En él se lee que la industria de la IA no solo emite carbono, sino que cada consulta, cada imagen generada, cada vídeo al que se accede o se sube, etc., deja una huella hídrica, tan grande como invisible. Además, también tiene una huella territorial, pues su ocupación del suelo superará los 14.500 kilómetros cuadrados.
Por ejemplo, en España el mega centro de datos de Amazon en Aragón consumirá 50 millones de litros de agua al año, lo que equivale al consumo anual de un pueblo de 1.000 habitantes. Una reciente investigación de la Universidad Libre de Ámsterdam estima que la tecnología ya consume al año tanta agua como la cantidad de agua embotellada que beben las personas en todo el mundo.
Sin el establecimiento y exigencia o control efectivo de cumplimiento de las condiciones de sostenibilidad debidas, no hay una relación simple o lineal entre la transición digital y la ecológica. Al respecto, si convertir la energía fósil (ej. carbón) en bioenergía puede reducir la huella de carbono en un 70%, no puede infravalorarse, solo porque no se mide, que lleva a una intensificación, multiplicada por 30 veces, la huella de agua, y por 100 la de suelo. En suma, como se dice en el Informe, bajo en carbono, sí, pero también intensivo en agua y territorio, otros recursos naturales que se someten a un modelo extractivo e insostenible.
Se dice que el reto pasaría por minimizar los consumos mediante innovaciones tecnológicas. No parece que sea tan sencillo ni lineal. El informe trae a colación la llamada paradoja de Jevons o «efecto rebote»: a mayor eficiencia de un sistema tecnológico, menor coste y mayor utilización, por lo que termina provocando mayor huella ambiental. Frente a quienes preconizan que la huella ambiental de la industria digital se reduce a medida que mejora la tecnología, sucede todo lo contrario:
«una IA más eficiente y asequible significa más consumo de IA, lo que hace que la huella total sea mucho mayor de lo que ahorramos con las ganancias de eficiencia» (Madani).
4.
El Gobierno se compromete a establecer una norma reglamentaria para que los centros de datos respeten los imperativos de sostenibilidad integral. Una vez más observamos que ninguna industria, ni fósil ni digital, ningún modelo de negocio, ni industrial ni de servicios, es neutral ambientalmente, mucho menos los centros de datos que alimentan la I.A. y, con ella, la economía de nuestro tiempo.
A falta de las debidas condiciones de gestión sostenible, la infraestructura digital hará un tránsito, sí, pero de “sueño de desarrollo” a “pesadilla ambiental local y global” y, como siempre, impactará de una forma desigual, en los colectivos y territorios, con lo que volverá a crear muchos perdedores (factor de vulnerabilidad) para el beneficio de unos pocos (grupos económicos, países, personas). Por ejemplo, en Querétaro (México) la expansión de los centros de datos está agotando los suministros de agua en medio de sequías prolongadas. En Uruguay, agota unas reservas ya estresadas por sequía en Montevideo. A lo que se sumaría el residuo electrónico que, como se vio en el capítulo 2, terminará en África.
El Informe presenta esta nueva fuente de brecha digital (desigualdad) como una clara “injusticia ambiental”. Solo 32 países del mundo albergan centros de datos especializados en IA (como España), concentrándose sólo en dos países el 90% de esa capacidad, excluyendo por tanto a 150 naciones. En cambio, la mayoría de ellas ven cómo se extrae sus recursos de minerales críticos para alimentar esta industria que se les devuelve en forma de residuos electrónicos, mientras que los beneficios estratégicos fluyen hacía aquéllos dos países referenciales (Estados Unidos y China). En consecuencia, se impone también una regulación global desde esta perspectiva eco-social o socioambiental, para que la industria de la IA avance por una senda de sostenibilidad integral, esto es, de transformación digital justa, en aras de un desarrollo y un bienestar realmente equilibrado globalmente.
De nuevo, queda claro que nada de lo que la humanidad crea es neutral ni responde a un fatalismo de índole tecnológico, sino que crea riesgos sistémicos, artificialmente creados y urgidos de decisiones de regulación y gobernanza. No a escala global, lógicamente, pues no tiene jurisdicción, pero sí a la que le compete, la escala de regulación local-estatal, la Disposición adicional primera del RDL 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, ordena al Gobierno a regular, mediante Real Decreto, los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital de aplicación a los centros de procesamiento de datos que se conecten a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Podrán incluir, a tal fin:
“entre otros, criterios de adicionalidad y correlación horaria en relación con el consumo de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables, de eficiencia energética, sostenibilidad en el uso del agua, beneficios económicos y sociales, así como…las que permitan demostrar su contribución a la resiliencia y soberanía digital de la economía española o europea. (…)”
En su elaboración podrá ser de utilidad el referido informe que promueve la inclusión de un “ecosistema industrial de IA eco-socialmente responsable” basado en los principios de desarrollo sostenible (transparencia de su huella ambiental, como pide la ONU; eficiencia desde el diseño; justicia ambiental; responsabilidad sobre todo el ciclo de vida; cooperación global). Entre las recomendaciones destacan las siguientes:
- Los gobiernos deben integrar la infraestructura de IA en la planificación energética, hídrica y de uso del suelo.
- La industria debe tratar la selección de modelos como decisiones de huella ambiental.
- Los usuarios deben elegir el modelo que minimice el consumo energético para la realización de la misma tarea.
- Las empresas operadoras de centros de datos deben tratar la ubicación y la fuente de energía como decisiones ambientales críticas.
- Las inversiones deben evaluar las huellas de carbono, agua y suelo como riesgos materiales en sus carteras
En suma:
«Tenemos una ventana estrecha para garantizar que la columna vertebral de la revolución tecnológica de nuestra era se desarrolle dentro de los límites del planeta» (Madani)
