De “inflamable” a la “España (re)quemada” en verano: un riesgo eco-social sistémico fabricado en invierno
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
1.
El 12 de septiembre del año pasado dábamos cuenta de que 8 de los incendios más arrasadores de este siglo se produjeron en agosto de ese año. Tan grave tragedia socioambiental nos exigió otra noticia en la que explicábamos que o era un “fatalismo natural”, por más que el cambio climático tuviera mucho que ver y las autoridades primen esta imagen de desastre natural y pide a la ciudadanía más compromiso (incluyendo más dureza penal). Dábamos argumentos científicos de cómo se trataba de un “riesgo artificial”, inventado o “fabricado” por el modelo de gestión socioeconómica (ej. cambio de los usos de suelo, desgobierno del territorio, sobre todo forestal, condiciones de ”capitalismo inflamable”, ausencia de medios preventivos, etc.). En suma, no fue tanto un problema de medios extintivos (aunque fueron escasos y evidenciara gran precariedad laboral), ni exceso de personas pirómanas (la mayoría son provocados), sino a la falta de gestión del gran volumen de combustible vegetal que pueblan nuestro país. Como en 2022, se dijo que nos prepararíamos para que no volviera a pasar.
Una vez más no aprendimos la lección. Cuando todavía no ha terminado el mes de julio del año en curso ya hemos conocido, y sufrido, decenas de incendios nuevos. Algunos de los cuales son de los más letales de la historia en España, como el trágico incendio de Los Gallardos, localidad de Almería (13 personas fallecidas, 7000 hectáreas quemadas y centenares de personas o evacuadas o confinadas), o bien muy graves, como las más de 13.000 hectáreas quemadas en Ores (Zaragoza) o de 26.000 en Guadalajara. ¿Lo peor? Que se esperaban, por la gran cantidad de “combustible” creada con las grandes lluvias del tren de borrascas de invierno, que no han sido gestionadas en un escenario de intensificación de las olas de calor.
2.
En suma, ambos factores eran previsibles, y el primero (masa vegetal descontrolada) evitable (y a precio reducido), advirtiéndose desde hace años. El segundo (olas de calor encadenadas), no evitable, pero mitigable. Por tanto, exigían una intervención previa, con antelación suficiente para que o bien no hubieran tenido lugar o, en todo caso, hubiesen sido menos graves, ambiental y socialmente. En suma, pese a todas las promesas, compromisos y los cambios legislativos lo cierto es que estamos peor. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) se han quemado más de 60.000 hectáreas forestales, más del doble que en el mismo periodo del año pasado. Se reencienden las alarmas, sobre todo en el medio rural, el más castigado (ej. despoblación y envejecimiento; pérdida de renta y de oportunidades de desarrollo y empleo, etc.).
Imagen del incendio de Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza.
Fuente: Guardia Civil (drones de su Equipo Pegaso).
Trabajos en la localidad de Zarzuela de Jadraque. @AT_Brif. Fuente: El País
Claves eco-sociales de estos incendios:
📌 Dato ambiental: son ya 15 fuegos y 55.128 las hectáreas forestales quemadas, más del doble que en el mismo periodo de 2025 (EFFIS)
👥 A quién perjudica más: A la población rural, dependiente del monte para su economía y al personal de extinción autonómico (fatiga, estrés), cuya precariedad laboral y desigualdades territoriales reemergen
⏭️ Cuáles son sus causas principales: cambio climático, nuevos usos del territorio (residencial vs. agropecuario), escasa gestión preventiva
⏭️ Qué daños: acelera la despoblación, la pérdida de recursos forestales, una mayor presión sobre los presupuestos de extinción y reconstrucción.
3.
Los graves daños eco-sociales, con creciente afectación también de la salud de las personas, incluso mental o psicosocial, así como el carácter recurrente, sistémico y de extrema gravedad de la cuestión ha hecho que se vuelva a proponer, no es la primera vez, tampoco será la última ante su más que evidente fracaso, un “Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática” (PEFEC). Vende la publicidad gubernamental este pacto como la vía para trascender, “con un espíritu de país y perdurabilidad”, tanto los “ciclos políticos” como “las diferencias territoriales”, a fin de “reforzar la capacidad de adaptación, mitigación, respuesta y recuperación ante los fenómenos climáticos”. Por enésima vez, enfatiza la prioridad de los procesos de decisión basados en la ciencia y en la cooperación institucional, prevaleciendo el enfoque preventivo. En suma, propone:
“un marco compartido de compromisos que garantizan el interés general y el bien común, que transitan desde la gestión de agua y bosques, a la prioridad de las personas más vulnerables, la disposición de las mejores condiciones de trabajo para los servicios de emergencia, hasta el desarrollo de una nueva cultura de prevención”.
Dejando de lado que el Gobierno lleva casi un año con la propuesta, sin que se haya avanzado nada, sorprenden algunas cosas, que hacen dudar tanto de su estricta necesidad como de su fiabilidad. En primer lugar, conviene recordar que ya existe un marco normativo e institucional específicos, revisados tras los incendios del año 2022, cuyo cumplimiento efectivo permitiría avanzar por esta senda en la prevención de los incendios. Por tanto, no es un nuevo pacto político lo prioritario, sino el cumplimiento efectivo de lo ya normado. En segundo lugar, y en esta misma línea de cumplimiento normativo, sorprende que se pidan nuevos “marcos”, cuando el Gobierno no ha cumplido con los desarrollos reglamentarios ni sus organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Seguridad y Saud en el Trabajo (INSST) que tiene ordenados con las Leyes básicas para bomberos y para agentes forestales. Finalmente, por no hacer muy larga esta reflexión, es llamativo que se plantee un Pacto que quiere reforzar el Pacto Verde Europeo, en un escenario en el que, tristemente, la Comisión propone su ralentización como concesión a las presiones de índole económica (fervor por la competitividad de mercado) e ideológica (presión política de la derecha liberal y ultra), como puede leerse en: “Bruselas suaviza el sistema que penaliza las emisiones de CO₂ tras la presión de una decena de gobiernos”.
4.
Con todo, es evidente que la salida a este gran desafío pasa por convertir en un conjunto coherente, eficaz y continuado de acciones los pactos y las normas en materia. Al igual que España, también Portugal sufre las tragedias de los incendios recurrentes (más de la mitad de las hectáreas afectadas por el fuego en el verano de 2025 en toda la UE se concentraron en España y Portugal). En consecuencia, siendo un desafío ibérico (además de mediterráneo, europeo y mundial) tiene especial sentido el pacto alcanzado con nuestro vecino, en La Rábida (Huelva). Con un valor político añadido, pues se trata de un primer ministro conservador, el portugués, y otro, “progresista”, el español.
La seguridad climática y todas las seguridades derivadas, incluso “soberanías” (alimentarias, energéticas, de justicia social, de sostenibilidad, etc.) no debería estar atravesada por una radical dicotomía entre “derecha” e “izquierda”, porque el Planeta es el mismo y único para el conjunto de la población. De ahí esta Alianza Ibérica frente al cambio climático, más una respuesta política al negacionismo emergente en el seno de ciertas instituciones de la UE, en especial en el Parlamento, también en el Consejo, que un programa de medidas concretas, sobre la base de que:
“Solo mediante una acción climática ambiciosa, cooperativa y socialmente justa será posible proteger a sus ciudadanos, preservar los ecosistemas de la península Ibérica y contribuir…a la estabilidad climática global” (Declaración conjunta frente a la emergencia climática, 2026).
Bienvenidas todas estas iniciativas de pacto y compromiso, pero no es tiempo de más discursos y pactos de salón, sino de acciones concretas y efectivas. El calor extremo (recurrente, intenso y duradero) quema bosques, “achicharra” la salud, física y mental, amenaza nuestro sistema de bienestar (el calor sofocante continuo requiere cambios de modos de vida y mentalidades, informe de ISGlobal para el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente) y agrava los desequilibrios de carácter territorial. Las zonas rurales tratan de autoprotegerse de los incendios con la recuperación de viejos usos, como sería la ganadería extensiva (ej. las “ovejas bomberas” en el parque de Segura de la Sierra -Jaén-). Con ser un valioso “servicio de interés general” es evidente que el desafío es más sistémico y compromete al conjunto de poderes públicos, no solo a los poderes económicos y a particulares.
