Un ejemplo de ciencia abierta y ciudadana: Publicado libre la obra ¿Qué ecosistema jurídico para un desarrollo socioambiental sostenible?
Margarita Miñarro Yanini.
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Jaume I de Castellón.
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.
1.
La investigación científico-jurídica sobre el cambio climático antrópico y la transición verde justa, campo abonado para el bien común. Afirma con toda rotundidad el art. 12.1 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) que “el conocimiento científico tendrá la consideración de un bien común”. La afirmación está seguida de un mandato a las Administraciones Públicas (AAPP) y a las Universidades: han de promover y contribuir, de forma activa, no solo teórica, tanto a la “ciencia abierta” (art. 12.1) como a la “ciencia ciudadana” (art. 12.10). Sin entrar ahora en muchas honduras, que no vienen a cuento, lo que se pretende es:
- De un lado, promover el acceso libre de los resultados de la investigación para la comunidad científica y para la ciudadanía, “a fin de alcanzar los objetivos de investigación e innovación responsables…”.
- De otro, promover un campo de generación de conocimiento compartido entre la ciudadanía y el sistema universitario de investigación, a fin de “promover la reflexión científica, tecnológica, humanística, artística y cultural y su aplicación a los retos sociales”.
Sin duda, si un bien común de la humanidad hay es la conservación, incluso, más allá, la regeneración, de nuestro degradado Planeta Tierra, el único que tenemos habitable, al menos de momento (y creemos que así será por mucho tiempo, pese a la “batalla abierta” por conquistar otros planetas y explotar sus riquezas minerales). No por casualidad, el que puede considerarse, sin duda, el jurista más influyente del siglo XXI, Luigi Ferrajoli, propone una Constitución para la Tierra, a fin de superar los límites del Constitucionalismo nacional para la protección de los bienes vitales asociados a los recursos naturales.
Quizás no sea ocioso recordar que en fechas relativamente recientes la ministra de Transición Ecológica se reunió con personas divulgadoras científicas y climáticas en la sede de la Fundación Biodiversidad, para avanzar en el análisis y soluciones ante el auge de la desinformación climática. Se trata del eje número 12 de la propuesta del Pacto de Estado para la Emergencia Climática. La contrapartida de la ciencia abierta es que se abre al riesgo de violencia en redes. Precisamente, la ministra anunció el traslado del Ministerio a la Fiscalía de Delitos de Odio el aumento de los ataques en redes contra profesionales de divulgación climática y meteorología.
Pues bien, en el Proyecto de Investigación Aplicada ECOIURA SOCIAL, tenemos el total convencimiento de la gran utilidad de hacer de la investigación jurídico-social sobre el cambio climático antrópico y las condiciones necesarias para la promoción y garantía de una transición ecológica socialmente justa, que es nuestro objeto de estudio principal, un campo especialmente abonado a la investigación abierta, para facilitar el conocimiento de la ciudadanía y también propiciar soluciones que puedan utilizar los poderes públicos. Y, por supuesto, los interlocutores sociales, como también preconiza la LOSU. Y es desde esta perspectiva desde la que se ha concebido, elaborado y publicado, con la financiación de Agencia Estatal de Investigación, Ayuda PID2022-142620OB-I00, de la obra colectiva:
¿Qué ecosistema jurídico promueve un desarrollo socioambiental sostenible?: estado de la situación y propuestas de mejora, Editorial Centro de Estudios (CEF), Madrid, 2026
2.
Más allá del estudio crítico: la ciencia jurídico-social sobre la transición verde justa como atalaya privilegiada para la investigación aplicada y propositiva. La obra ha sido dirigida por quienes suscriben esta entrada y está participada por varias personas especialistas integrantes del grupo investigador que forman parte del Proyecto que lo alimenta y que la ha financiado, como se ha recordado (Proyecto de la Agencia Española de Investigación: Hacia un nuevo ecosistema jurídico para una transición verde socioeconómicamente justa: análisis y propuestas de mejora, Ayuda PID2022-142620OB-I00 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa). Asimismo, ha contado con alguna colaboración de especialistas externos, como la profesora (y jueza sustituta) Dª María José Andrade Santana, autora del Capítulo 9 (Los retos del cambio climático en el sistema de gestión preventiva de riesgos para la salud en los entornos de trabajo: hacia «una sola salud», pp. 126-138).
Como se explica en la introducción de la obra, el contenido del libro busca mutar las principales entradas de esta web, realizadas a lo largo de los tres últimos años, con una vocación eminentemente divulgativa para la ciudadanía interesada en la ecología jurídica, en un conjunto unitario, sistemático, coherente y actualizado de análisis sobre los temas más relevantes relativos a la emergencia climática que sufrimos y al tratamiento jurídico que se le da a los principales retos para su abordaje, con una clave de transición justa. Algunas entradas estaban desactualizadas, por la continua aparición de reformas legales e iniciativas políticas y empresariales renovadas, no siempre en la mejor dirección. En otros casos, la gran complejidad de estas cuestiones obligó a más de una entrada en años diferentes, lo que dispersa el análisis.
Asimismo, a menudo, el carácter heterogéneo de las materias tratadas, por cuanto asumen una dimensión marcadamente transversal, pueden ofrecer una imagen parcial y fragmentada. Se precisa una mirada más analítica, pero unitaria del significado y alcance de las cuestiones jurídico-sociales y ambientales que se cuentan. De ahí, la oportunidad, y utilidad, mediante la selección idónea, de ofrecer una obra que integre todos los aspectos más relevantes del papel del Derecho y la política en la transición verde justa, bajo el hoy principio jurídico de desarrollo sostenible integral: ambiental, económico y social.
El derecho social humano a la calidad de vida en un entorno seguro, saludable y sostenible no solo tiene facetas políticas (vincula al poder público) y colectivas (demanda acción asociativa), sino que requiere el compromiso de la ciudadanía, individualmente considerada. Pero para ello debe mutarse la información en conocimiento confiable. Ahora bien, para ello no solo se necesita capacidad crítica (hoy muy mermada, interesadamente para los poderes económicos y políticos), sino modelos todos los capítulos de la obra, que tienen un programa común y han sido profundamente reelaborados, ofrecen un cuadro final de conclusiones directas y propuestas específicas de mejora. Útiles para las reformas legales que se precisan, para las políticas socioambientales precisas y para los sujetos o lo interlocutores sociales, como es propio de todo bien común.
3.
Algunas claves fundamentales del libro, tanto de su contenido como de su formato, para facilitar su consulta y navegabilidad. El libro que glosamos y al que desde aquí animamos a leer, críticamente, se articula en torno a 9 Títulos y 25 capítulos. Los títulos siguen estrictamente la estructura de esta web, a fin de abarcar todos los grandes retos y ámbitos temáticos de los procesos de transición ecológica o verse socialmente justa, en clave de Derecho, derechos y políticas sociales. Las cuestiones asociadas al trabajo decente sostenible (Título I. Empleos verdes, derecho social al trabajo y políticas de sostenibilidad), la negociación colectiva verde (ej. Título V. Negociación colectiva verde y derechos colectivos ambientales: cláusulas prototípicas (prácticas) y asignaturas pendientes), la protección social y la salud laboral en entornos sostenibles ocupan un lugar destacado, pero en modo alguno exclusivo.
En efecto, como una gran originalidad, hace un especial análisis de otros aspectos conexos. Sería el caso de la fiscalidad verde (ej. ecotasas), la economía social y circular (Título VI. Economía social y desarrollo sostenible: nuevos marcos normativos y ecosistemas de incentivos para una transición verde justa), así como de las nuevas facetas del “principio quien contamina paga” y su vertiente positiva de “quien descontamina o conserva cobra” (-ej. Capítulo 22. Derecho justo y garantías de responsabilidad eco-social: ¿«quien contamina paga» y «quien descontamina o depura gana»?), entre otros. De ahí la multi e interdisciplinariedad jurídica del libro.
Desde esta perspectiva, una especial atención ha merecido la cuestión transversal del estado de situación de la justicia ambiental en los diversos niveles jurisdiccionales, con una perspectiva metodológica típica del sistema multinivel de garantías (Título VIII, Capítulo 23. La justicia eco-social a la prueba de los Tribunales: la calidad de vida socioambiental ¿un derecho tomado judicialmente en serio?).
Para no cansar demasiado a quien tiene a bien leer esta entrada no seguiremos con la relación de temas y análisis en esta obra, quedándonos solo alentar a su lectura, tanto por parte de la comunidad científica como de la ciudadanía, así como de las instancias con el poder suficiente, y debido, para poder transformar en realidad los compromisos con el desarrollo integralmente sostenible, que incluye a los interlocutore sociales. A tal fin, sí nos parece oportuno evidenciarles que el formato del libro resulta especialmente atractivo para su lectura, no solo porque está ilustrado con imágenes muy representativas de los grandes temas afrontados, sino por la gran comodidad de su uso. Todos los títulos y capítulos están elaborados con un sistema de navegabilidad interactiva, de modo que pueda irse de un capítulo a otro sin tener que pasar por la lectura de todos, pudiendo ir y volver de uno a otro con extrema facilidad.
Sólo nos queda agradecer la atención que pueda merecer el libro y la contribución que para su final publicación han dado tanto la Editorial, Centro de Estudios Financieros, de gran prestigio, como la Agencia Estatal de Investigación, que lo ha financiado. Ni que decir tiene que también agradecemos la afanosa dedicación de quienes han elaborado los diferentes capítulos.