¿“Empleos verdes” sin las condiciones de “trabajo decente”?: A propósito de las conflictivas experiencias del reciclaje y de la extinción de incendios
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
María Marta Martínez Jiménez.
Profesora sustituta de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Francisco Manuel Extremera.
Becario FPU.
Universidad de Jaén.
“(…). Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor”.
Hannah Arendt. La condición humana.
1.
Según el informe Empleo verde en una economía sostenible (Observatorio de la Sostenibilidad en España y Fundación Biodiversidad, 2022) el potencial creativo a medio plazo de ocupaciones tan distintivas sería extraordinario. Esta perspectiva de “ecología ocupacional” busca conectar las razones, principios y elementos de la naturaleza (eco-biología), la economía y el trabajo, presentándolos como armonizables o conciliables, en vez de conflictivos, como tiende a hacerse hasta ahora. En consecuencia, se dice, su objetivo principal no sería solo generar nuevas actividades verdes, ambientalmente sostenibles, sino también, y sobre todo, convertir en verde toda economía actual. A tal fin, eso sí, se precisa crear ecosistemas normativos, políticos y financieros que permitan transitar hacia un nuevo modo de relacionarse entre sí las actividades productivas y relacionarse con el territorio, según el paradigma de la transición social justa.
Desde esta perspectiva integradora y armoniosa, el éxito de esta transición hacia una economía sostenible dependería en buena medida de la capacitación de las personas profesionales que realizan las tareas necesarias para poner en marcha el promovido “nuevo modelo económico-productivo ecosostenible”. Por tanto, sea la oferta de empleo verde como la demanda (condiciones de prestación de servicio y habilidades que ofrecen las personas dispuestas a estos desempeños), tendrán que adaptarse a los imperativos de transformación económico-profesional. Pero ¿qué tipo de condiciones de trabajo presupone una economía sostenible, basada en empleos verdes?
2.
Lo primero que hay que resolver será, qué es un empleo verde, porque hoy carecemos de una definición jurídica. Para la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los denominados “empleos verdes” (13 de abril de 2016) son aquellos que, acordes con el estándar internacional de “trabajo decente”, contribuyen a preservar y restaurar el ambiente, en sectores tradicionales (manufactura, construcción) y en sectores nuevos o emergentes (ej. energías renovables, servicios de eficiencia energética, transformación de la agricultura química en regenerativa, regenerativa, etc.). Por tanto, el concepto internacional de empleo verde se caracterizaría por el cumplimiento de condiciones sociales de calidad sociolaboral. Desde esta visión, maximalista, sin duda, no podría considerarse en modo alguno ecológico o verde un empleo que presentara condiciones de pobreza laboriosa, precariedad y efectos de exclusión (por razón de sexo-género u otras condiciones sociales).
Ahora bien, como explicara la profesora Margarita Miñarro (los problemas de delimitación de los empleos verdes), esta concepción, más axiológica que normativa, precisa de la distinción entre el “deber ser normativo” y el “ser real”. La OIT, que carece de norma vinculante, incluso de recomendación, sobre empleos verdes, parte de una noción maximalista de empleo verde, a modo de “deber ser normativo”, esto es, de lo que se considera adecuado, desde el sistema de valores y principios jurídicos superiores de un ordenamiento, para calificar un empleo de ecológico, sostenible ambientalmente o verde. Pero no del “ser práctico”, esto es, de lo que sucede en la realidad cotidiana, donde hallamos situaciones en las que la consideración funcional de “empleo verde” (es útil a la finalidad de contribuir a preservar o restaurar la naturaleza), no va seguida por la garantía de condiciones de “trabajo decente”, ante la precariedad de sus condiciones de prestación.
En consecuencia, no hay correlación automática o necesaria entre empleo verde y trabajo decente. Esa recomendable conexión de proveerse con las políticas adecuadas de mercado de trabajo verde (garantías de cumplimiento, además de los incentivos de promoción). En tanto, ha experiencias de “empleos verdes sin trabajo decente”. Pongamos algunos ejemplos que, por supuesto, deben servir no solo para ilustrar este conflicto entre la condición de verde de un empleo y la propia de trabajo decente, sino también para evidenciar la necesidad de corrección, tanto en aras de la dignificación de estos empleos como para reconducirlos de manera efectiva hacia la nueva y más precisa noción (axiológica, todavía no normativa) de “trabajos integralmente sostenibles”. Así se propone en el número especial de la Revista Internacional del Trabajo, que pretende marcar un momento importante de comprensión renovada de lo que significa, o de lo que debería significar, que el trabajo sea verdaderamente sostenible (integralmente: en lo ambiental, en lo social y en lo económico).
3.
En efecto, la OIT no duda en reconocer el servicio de las personas que se dedican al sector de reciclado de residuos como empleo verde fundamental para la transición hacia economías sostenibles en todos sus sectores (ej. el reciclado de cemento se presenta como una revolución verde para la construcción, mitigando la huella medioambiental del sector de la infraestructura, responsable del 7,5% de las emisiones de carbono). Ahora bien, son muchos los estudios, en todo el mundo, que evidencian que esta profesión debe enfrentarse con frecuencia a la falta de reconocimiento (invisibilidad social de su profesión), a condiciones precarizadas (ausencia de estándares de trabajo decente, alta informalidad, sobre todo en países en vía de desarrollo) e incluso a situaciones de discriminación. Así lo ha evidenciado recientemente la Fundación Avina, una ONG latinoamericana que abandera iniciativas por el desarrollo sostenible a través de alianzas público-privadas (dos millones de familias viven de recilar la basura en Latinoamérica; en el mundo se estima que hay entre 20 y 30 millones de personas en este sector, si bien muchos en la informalidad). No solo evidencia la explotación y precariedad laborales que sufren, sino también deja claro el extendido rechazo social, por dedicarse “al mundo de la basura”.
Dos trabajadores de la cooperativa El Álamo (Buenos Aires). Fuente. Fundación Avina
En consecuencia, para el sector, a nivel mundial, un objetivo fundamental es procurar el reconocimiento a estas personas de estatus de trabajo decente. (su formalización y estabilización, mejor retribución, sindicalización). Consciente de estas condiciones indignas, se experimenta con algunas herramientas pioneras para que las personas que trabajan en este sector puedan recibir compensación económica equitativas por su contribución a la reducción de emisiones y protección del medio ambiente, dignificando, de paso, el oficio. Ya cuenta con experiencias prácticas en países como Argentina y Ecuador.
El sistema estima la actividad que realiza cada centro de reciclaje: cuánto material recupera, qué tipo de material, qué tipo de maquinaria utilizan y cuánta energía consumen, entre otros factores. La herramienta de medición cuenta con la participación de científicos de la Unsam, la Universidad Nacional Tres de Febrero y del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Argentina. Además, cuenta con el aval de la Coalición Clima y Aire Limpio, creada para Reducir los Contaminantes de Vida Corta (iniciativa de las Naciones Unidas formada por más de 190 gobiernos y ONG). Otras iniciativas relevantes en tal sentido apoyadas por ella es la de Ecojusticia Etiopía, que pretende fortalecer las capacidades de los recicladores y pequeños grupos de compostaje, mejorando al tiempo condiciones de vida social y eficiencia en la protección ambiental
4.
¿Es solo un problema del Segundo y del Tercer Mundo, no del Primero? No. Sin duda, Europa, que mantiene el liderazgo mundial en reciclado, garantiza unas condiciones de trabajo mejores para las personas empleadas en este sector, desde luego más dignas respecto de las existentes fuera de la UE. Ahora bien, en fechas recientes se ha lanzado una alerta sobre el eventual colapso que amenazaría a este sector, al menos en lo que hace al reciclaje de plásticos y textiles. La industria europea del sector requiere una intervención urgente para resolver una fuerte crisis estructural que pondría en peligro su supervivencia, pidiendo medidas inmediatas a los Estados miembros en el próximo Consejo de Medio Ambiente. En otro caso se “corre el riesgo de perder su liderazgo en economía circular y depender aún más de terceros países para gestionar sus residuos y recursos”. Una vez más, pues, aparece el conflicto y las dinámicas vinculadas a la competencia desleal de terceros países, en gran medida también por los bajos salarios de esos países.
Precisamente, la carencia de medidas correctoras ha provocado ya efectos de regulación de empleo en toda Europa (ej. una empresa puntera, Veolia, cerró una planta de reciclaje en Alemania; en octubre de 2024, el grupo Soex, uno de los mayores recolectores de textiles usados a nivel mundial, declaró insolvencia y cesó actividades en Europa). Sin apoyo estructural, este escenario podría multiplicarse, por lo que la crisis estructural del sector llevaría a la pérdida de miles de empleos verdes. Hay que recordar que España lidera el uso de plásticos reciclados en la UE, avanzando con ello en el objetivo de la transición economía circular (la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene como objetivo institucionalizar una sociedad del reciclado como eje para contribuir a la corrección del cambio climático antrópico). Con todo, el futuro no parece muy halagüeño, ante el nuevo fracaso del intento de lograr un Tratado global para el sector de la producción y reciclado del plástico, una vez más por la presión de todos los Estados petroleros y los grupos petroquímicos.
5.
Pero hay otros ejemplos de “empleos verdes sin las condiciones del trabajo decente” y, en consecuencia, no calificables de “sostenibles” (integralmente) que, territorialmente mucho más cerca de nosotros, acabamos de descubrir de manera trágica. Al respecto, es evidente que la gestión de los bosques se perfila como una salida profesional verde por antonomasia, porque contribuye a luchar contra el cambio climático antrópico, la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad, incluso al diseño de planes para modelos de turismo sostenible. Varios proyectos como los de la iniciativa rePlanet, que gestiona la restauración ambiental a través de los bonos de carbono que las empresas privadas compran para compensar sus emisiones, fomentan empleos para la creación de bosques, esenciales para el ciclo pequeño del agua (que el agua evaporada vuelva a caer en la misma zona).
Ahora bien, si esos bosques se queman, todo se pierde como en el “cuento de la lechera”. Cierto, para evitarlo, o reducir a la mínima expresión el riesgo de su ignición o incendios (fenómeno natural, con una función positiva en la naturaleza, pero reconstruido o reinventado como un riesgo devastador y muy dañino a través de la acción humana, también de su inacción por pasividad de gestión), contamos con un número creciente de profesionales para su prevención-extinción-vigilancia. Se trata claramente de empleos verdes.
Ahora bien, con el desastre de este verano hemos descubierto que hay miles de personas en primera línea contra el fuego en condiciones de gran precariedad, por apenas 1200 euros, sin lugares de descanso adecuados y comiendo “latas de sardinas”. Profesionales con una inadecuada formación, clasificación y promoción profesionales, a menudo catalogado como ”peones”, que deben esperar muchos años para poder ascender, con la consiguiente mejora profesional y retributiva, a la condición de agentes ambientales o bomberos forestales, etapa en la que podrían gozar de la condición de empleos verdes con estatus de trabajo decente, digno. En esta óptica, el devastador fuego al menos ha servido para desvelar esta precariedad y promover medidas dirigidas a su dignificación, contribuyendo a reforzar la lucha en tal dirección que llevan desde años para mejorar su estabilidad y retribución.
6.
En definitiva, nadie niega que los empleos verdes sean una clave esencial en los procesos de transición hacia una economía sostenible. Pero para que puedan ser considerados como genuinos “trabajos sostenibles”, condición necesaria para una transición verde justa, deben serlo de forma integral, esto es, en lo ambiental (ecológicos), en lo económico (rentables) y en lo social (trabajo decente). Sin embargo, esa condición de sostenibilidad integral, que debiera contar ya con una delimitación normativa, internacional y comunitaria, no será automática, requiere de políticas de mercado de trabajo coherentes y eficaces que garantice, de un lado, y promuevan, de otro, es equilibrio entre sus razones ambientales y sus razones de índole social.