¿El trabajo agropecuario es eco-socialmente sostenible en la UE con los Tratados de libre comercio?: Dudas con Mercosur, alfombra para la India
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Alfondo Parras Martín.
Profesor Titular de Derecho Mercantil.
Universidad de Jaén.
1.
¿De acuerdo histórico de libre comercio en acuerdo histórico como solución político-económica al modelo autoritario competitivo de Trump? Tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, y aún hoy con más de una incertidumbre sobre su vigencia, la firma, el pasado 17 de enero, del Tratado de Libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se anunciaba como un hito histórico jurídico-económico, porque iba a crear la mayor zona de libre comercio del mundo. Apenas 10 después se comunica la firma de otro hito histórico jurídico-comercial, que creará un espacio comercial mundial mucho mayor aún, potencialmente 1.900 millones de personas ( 25% de la población mundial y 20 billones de euros de sus PIB): el acuerdo comercial de la UE con la India, el país más poblado. Aunque tampoco este acuerdo ha sido fácil, 20 años ha costado, su firma plantearía menos resistencias, al menos del sector agropecuario, que las suscitadas por la firma del Acuerdo con Mercosur.
¿Por qué? Conviene precisar que el Tratado Comercial con la India (19 capítulos) no consagra en sentido estricto una zona de libre comercio pleno, aunque sí hace muchas concesiones para abrir y expandir las exportaciones en una dirección y otra, pues elimina los aranceles en más del 90 por ciento de exportaciones (en torno a 49.000 millones de euros para la UE) e importaciones (por valor de 71.000 millones de euros para Europa). Asimismo, la Asociación que agrupa al sector agropecuario y cooperativo de la UE ya se ha precipitado a darle su plácet y “acoge con satisfacción” el acuerdo, porque se basaría en el “equilibrio” entre ambas zonas y abre oportunidades exportadoras agropecuarias europeas a un país con 1.450 millones de personas potencialmente consumidoras.
Al igual que el Tratado de Libre Comercio con Mercosur la firma no significa su entrada en vigor, hay que esperar las ratificaciones debidas, del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. Lo que no será muy rápido, al menos un año, en el caso de la India. Más incierta aparece la entrada en vigor del Acuerdo de Mercosur, pese a la intención de la Comisión de aplicarlo “lo antes posible”, presuponiendo un interés inequívoco de todos los Estados miembros en esta misma dirección, lo que se sabe no es así (Francia sigue en su resistencia, Italia mantiene dudas). Los obstáculos, no propiamente el bloqueo, puesto por el Parlamento Europeo, llevándolo al TJUE como condición para ratificarlo deja en evidencia una fuerte resistencia. Sin duda, la mayor oposición es del sector agropecuario. Por eso, creemos de interés hacer una comparación, somera, entre la perspectiva con que se aborda, por el sector agropecuario y en clave de sostenibilidad ambiental, el acuerdo de la UE con Mercosur y el Acuerdo con la India, que parece tener todos los parabienes, sin que el sector agrario ponga reparo ni a la sostenibilidad social ni a la ambiental.
2.
¿Propone un modelo de libre comercio justo en lo socioeconómico y sostenible en lo ambiental frente al de proteccionismo arancelario empobrecedor? Con evidente exceso de solemnidad, que trata de reforzar más una voluntad idealizada que una realidad verificable sin cisuras, la presidenta de la Comisión Europea resumió en esta frase, “elegimos el comercio justo sobre los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo sobre el aislamiento” para resumir lo que significaría el acuerdo con Mercosur. La frase fue pronunciada en Asunción (Paraguay), ante los 800 asistentes a la ceremonia de firma, en Asunción, capital de Paraguay. Sin duda, la guerra arancelaria de Trump ha allanado mucho el camino, pedregoso, para alcanza este resultado.
Por su parte, en la infografía que resumirían los fines y los beneficios buscados por esta Nueva Alianza Estratégica entre la UE y la India aparece, reseñado en primer lugar, el doble objetivo económico, social y ambiental de la “prosperidad y la sostenibilidad”. Estos acuerdos para derribar fronteras arancelarias (acuerdos de asociación económica -apoyan el desarrollo de socios económcos, como en África o en el Caribe-, acuerdos de libre comercio -acceso preferente a los mercados- y acuerdos de asociación -conlleva aspectos políticos más amplios-) prometen desarrollo económico (para empresas y mercados) y bienestar social (para la ciudadanía de ambas partes). En la realidad, las cosas suelen ser más ambiguas, generando “ganadores y perdedores”.
En el acuerdo con Mercosur (que parece incorpora elementos de asociación, no solo de libre comercio, a diferencia de la India, estrictamente de libre comercio) se dice que uno de los grandes beneficiarios será el competitivo sector agropecuario de los países que lo integran, mientras que de lado europeo será su industria, que abriría las puertas de un mercado sudamericano cerrado para productos como automóviles, equipos eléctricos, maquinaria y químicos (también farmacéuticos). Lógicamente, allí donde la industria no agroalimentaria es menos potente, cabrá encontrar “perdedores”, en todo caso sectores de descontento y, por tanto, reivindicación. Ese es el caso español, claro.
Por su parte, respecto al acuerdo de libre comercio (ALC) con la India los sectores industriales vuelven a ser los grandes beneficiarios. El sacrosanto sector automovilístico (importante para Alemania, pero también para España, que fabrica una parte considerable de los que se producen en Europa) encuentra una rebaja arancelaria muy significativa (del 110 pasa al 10%), si bien se fijan cuotas que limitan notablemente este efecto liberalizador arancelario (cuota exportadora europea de 250.000 coches, 160.000 de combustión y 90.000 eléctricos; cuota exportadora indica de 625.000). En cambio, más quejoso estaba el sector del acero, uno de los grandes escollos de este ALC, por la crisis de la siderurgia europea y la potencia de la india, por lo que se establece también aquí un límite a la importación (1,6 millones de toneladas libres de aranceles, menos de la mitad de las toneladas anuales que vende la India a la UE -unos 4 millones-), en la convicción de que la mayor calidad del acero europeo significará una oportunidad de desarrollo para las actividades europeas más cualificadas. Los sectores de bienes de equipo, productos químicos y médico-farmacéuticos (India es una potencia en la fabricación de genéricos) no encontrarán obstáculos arancelarios tampoco.
Personas trabajadoras reivindicando el carácter nacional de la industria india del acero, 2022
¿Y qué hay del sector agroalimentario? Como se anticipó, mientras que la firma del acuerdo de libre comercio-asociación con Mercosur está generando oleadas de intensa protesta en los sectores agropecuarios comunitarios, muy beligerantes contra un acuerdo que consideran que promueve un modelo de competencia socioambiental desleal. Ni los costes sociales, ni las exigencias normativas de protección de la salud ni respeto ambiental son comparables con sus pares suramericanos, por lo que entienden que su aplicación es un acta de defunción anticipada del trabajo en los campos y granjas europeos. En cambio, con el ALC de la India, el sector agroalimentario, siempre delicado en las negociaciones comerciales de la UE. ve más oportunidades que amenazas.
Primero, porque hay productos que han quedado extramuros del acuerdo (azúcar, arroz, carne de pollo y de vacuno, leche en polvo, plátanos, miel o ajos). Segundo, porque los que sí han entrado (vino, cerveza, bebidas espirituosas -cava, champagne-) conocerán un proceso de adaptación gradual aceptable (entre 6 y 10 años). Tercero, porque hay más de un producto que saldrá beneficiado para Europa, en especial España, como el aceite de oliva, productos del cerdo, la pasta, bebidas no alcohólicas, zumos, cerveza sin alcohol o frutas (kiwi, peras) que dejan de estar gravados, no produciéndose en la India de forma significativa, al menos de momento. ¿Y de las cláusulas ambientales qué? Esa es harina de otro costal.
3.
¿Son las cláusulas ambientales y socioeconómicas (condicionalidad eco-social) en los acuerdos de libre comercio suficiente salvaguardas para prevenir, o corregir, no desequilibrios excesivos por insostenibles? Ni los países de Mercosur ni la India están en la lista de los más “avanzados” en cuestiones socioambientales. Precisamente, respecto del acuerdo con Mercosur es lo que más preocupa al sector agropecuario, porque ven en las exigencias sociales (protección de la salud humana) y ambientales (modelo productivo sostenible para el planeta) de la UE un elevado coste económico que les hará perder sus oportunidades de competitividad, dentro y fuera de la UE, si no se introducen las medidas correctoras que garanticen un justo equilibrio.
Naturalmente, la Comisión Europea (CE) dice que ha cuidado esa cuestión y que ha introducido suficientes salvaguardas (medidas de intervención si se derivan profundos desfases en precios y volumen de importaciones-exportaciones europeas) también para el sector. Pero éste permanece incrédulo, con razones, máxime teniendo en cuenta que el acuerdo coincide con una propuesta de nuevo Reglamento para la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 restrictivo, más bien muy nocivo, para el sector, que ve cómo se quieren dedicar ingentes cantidades de dinero para la industria militar en detrimento de la agroalimentaria. Todo un sinsentido, pues la soberanía y seguridad alimentarias no son menores necesidades que la de defensa, incluso deben ser superiores.
El acuerdo (que elimina los aranceles del 35 %, que tenían que pagar las empresas europeas) con Mercosur (junto a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, figuran como asociados Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam; Venezuela está suspendida desde diciembre de 2016) aumentará los productos agropecuarios y presionará a la baja los precios (a costa de la calidad sanitario-ambiental) en Europa. Además de prometer “minerales críticos” para la transición energética (que preocuparía más a la CE).
Ante estas deslumbrantes oportunidades de crecimiento industrial pareciera que las cargas burocrático-ambientales y las prohibiciones de uso de fertilizantes químicos pasarían a un segundo plano, para los productos agropecuarios de importación, que deben seguir respetando los autóctonos. Y eso en un entorno de nueva PAC de recortes. Por tanto, hay que entender las protestas agrarias más como la expresión de un malestar estructural del campo europeo frente a políticas que, desde la perspectiva de la mayoría del sector, ponen en riesgo su sostenibilidad socioeconómica, no por falta de capacidades, sino por la inequidad competitiva global del mercado agrícola comunitario, que se agravaría con el ALC con Mercosur, potencia agropecuaria, no así con la India, que juega en otra liga, más industrial. En realidad, el problema es el entorno de precios injustamente bajos para la producción y abusivamente altos para la distribución.
Los estudios más recientes sobre movimientos de protesta agropecuarios son muy claros en este planteamiento. Por eso demandan siempre lo mismo: además de fondos más coherentes con la prioridad de la agroindustria para la sostenibilidad de la población europea, garantizando la soberanía alimentaria y la cohesión social y territorial internas, la incorporación de cláusulas de reciprocidad (las llamadas “cláusulas espejo”). Cláusulas que, lógicamente, los países terceros ven como un nuevo tipo de proteccionismo, incluso de colonialismo, ahora de “proteccionismo sociosanitario-ambiental”. Por tanto, en estos acuerdos adquieren un especial protagonismo la cuestión de los estándares ambientales, sanitarios y laborales que los productores extracomunitarios están obligados a respetar, que para ellos deben ser solo los internos (e internacionales universales, los de la OIT, a lo más), pues formaría parte de su ventaja competitiva, que no quieren perder, mientras que para el sector agrario comunitario deben ser los mismos, los del mercado de destino.
Un enfrentamiento entre las condiciones de la “ley socioambiental del mercado de origen” y las de “ley socioambiental del mercado de destino” que, en cierto modo, ya se vivió en el seno de la UE a propósito de la regulación de los desplazamientos temporales transnacionales de personas trabajadoras y que se ha ido resolviendo progresivamente en la dirección de evitar el dumping social, favoreciendo una regulación equilibrada entre ambas razones (ej. la STJUE de 8 de diciembre de 2020, C-620/18, rechaza los recursos de anulación contra la Directiva 2018/957 sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios). Habría que aprender de las lecciones del pasado. Esta protesta debe tomarse en serio y diseñar políticas agro-comerciales más equilibradas entre las razones de la competitividad económica internacional y las de la equidad socioambiental, dentro y fuera de la UE.
En cambio, y a falta de conocer en detalle el texto final del ALC firmado, las dudas crecen. La CE “jura y perjura” que ha incluido cláusulas de salvaguarda suficientes a tal fin. La presidencia de turno de Mercosur asegura que esas cláusulas de salvaguarda no están en el ALC, son internas para la UE. Por su parte, el Parlamento Europeo insiste en incluir de forma estructural estas salvaguardas en el ALC con Mercosur. Es evidente que no es el mejor escenario para aceptar, sin más, el ALC, seguramente necesario, incluso ya urgente. Pero, de nuevo, no puede ser a toda costa, porque, a medio y largo plazo, será peor. Todos sabemos que la enorme degradación geopolítica mundial impulsada por los EEUU perjudica mucho más a la UE, desorientada en el nuevo contexto de (des)orden de las institucionales multilaterales, desplazando el centro decisional desde el Atlántico (la propia decadencia interna de la OTAN, sumisa a su socio mayoritario, así lo muestra) al Pacífico. Por tanto, hay razones suficientes para dirigir la mirada hacia esa zona a través de este tipo de acuerdos, pero no pueden imperar solo las razones económicas, también ha de tenerse mucho más y mejor en cuenta que la innegociable soberanía alimentaria como “arma estratégica” pasa también por la irrenunciable sostenibilidad integral (social, económica y ambiental, o viceversa) de la actividad agropecuaria.
4.
¿Qué futuro jurídico-político se esperad el ALC con Mercosur? No parece la Comisión Europea pensar demasiado en ello, porque quiere acelerar la ratificación. Ajena a las resistencias parlamentarias, condiciona el inicio del proceso de ratificación, que será complejo, a la iniciativa de los países de Mercosur. Apenas haya uno que lo haga (ya está dispuesta Argentina) abrirá la ratificación en la UE y lo aplicará provisionalmente, aunque esté pendiente de validación por el TJUE. Pero las prisas habituan a ser malas consejeras.
Por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con la India ha aparcado la cuestión ambiental, notable escollo en el proceso de negociación, dada las regulaciones de la UE sobre ciertos aspectos en materia, como los mecanismos de ajuste de carbono en fronteras (CBAM, por sus siglas en inglés). Precisamente, el año pasado se publicó el Reglamento (UE) 2025/2083 modificativo del Reglamento (UE) 2023/956 para la simplificación y refuerzo de CBM. Esta regulación busca equilibrar los estándares medioambientales de productos importados con los producidos dentro a través, como se conoce, de un arancel de entrada compensatorio. Para la India, en cambio, serían una forma de neocolonialismo neoproteccionismo. ¿Qué se ha hecho? Como siempre, aplazar la cuestión y abrir un diálogo cuando entren en vigor el acuerdo, pero también la aplicación del mecanismo, en la medida en que ha estado suspendido, se supone hasta inicios de este año. Veremos.
Por tanto, lo que incorpora estos acuerdos de libre comercio, Mercosur e India, es un compromiso de colaboración recíprocos con la UE de ir cumpliendo con el Acuerdo de París sobre cambio climático (2015). No parece mucha cosa.
En suma, uno y otro, sobre todo el de Mercosur, exigiría mucha más pedagogía. Debe explicarse mucho mejor, en vez de usar la fuerza de la presión política, como parece querer la (un tanto superada) presidenta de la Comisión, los beneficios para el conjunto de la UE, no sólo para los países del Norte, como siempre, incluida Alemania (país natal para ella), también para los del Sur (Francia, Italia, España, Portugal). Pero, sobre todo, deberá garantizar una regulación realmente equilibrada en clave socioambiental.