La Comisión quiere flexibilizar el mercado de derechos de emisiones de CO₂: ¿una técnica capitalista contra el cambio climático?
Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Alfonso Parras Martín.
Profesor Titular de Derecho Mercantil.
Universidad de Jaén.
1.
Paradójicamente, los denominados “sistemas de comercio de derechos de emisiones” de gases de efecto invernadero (GEI) o “mercados de derechos de carbono” se tiene, desde hace dos décadas, como el instrumento más relevante y eficaz de la política climática de la Unión Europea (UE). Estos sistemas no son más que típicas técnicas jurídico-mercantiles en virtud de las cuales, establecidos unos objetivos ambientales de reducción de emisiones de GEI, a través de la fijación por la autoridad reguladora de un techo -límite superior- de emisiones por el total de los participantes en el sistema (instalaciones, operadores aéreos, individuos, etc.), lo que determina, a su vez, los precios de las emisiones. Al final de un determinado periodo, los participantes deben entregar un número de derechos de emisión (es el derecho subjetivo a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono) igual al de sus emisiones durante dicho periodo:
Estos derechos de emisión se asignan gratuitamente, pero se pueden comprar y vender entre los participantes del sistema Así se crea el incentivo de reducción de emisiones: si el participante emite más que los derechos que obtiene de forma gratuita (en algunos casos no obtiene ninguno) deberá comprar derechos. El coste adicional responde al principio «quien contamina, paga». Como auténtico mecanismo de mercado, los participantes tienen capacidad para determinar dónde y cuándo reducir sus emisiones, con lo que se asegura una notable flexibilidad de gestión y eficiencia en la asignación de costes.
2.
De este modo, un problema ecológico muta en una cuestión económica. Para que los emisores afronten parte de los costes externos de sus acciones (restauración del entorno natural, conservación del bienestar presente y futuro, costes sociales del carbono) se articula un sistema de precios dinámicos. Para ello, crean derechos de propiedad sobre un bien público global, la atmósfera.
Emerge, pues, de inmediato la paradoja reseñada, de ahí también las críticas de muchos sectores desde una lógica típicamente eco-social: ¿cómo puede ser el mercado capitalista de derechos de emisión la principal herramienta para corregir un cambio climático antrópico que tiene en el modelo extractivo de negocio típico de las economías de mercado su principal causa? ¿No es como combatir el fuego con más fuego? La experiencia muestra que el mercado de créditos de carbono permiten a las grandes empresas, y a los Estados, más contaminantes, seguir con su modelo ambientalmente insostenible comprando a las comunidades locales los derechos de emisión y, en consecuencia, manteniendo efectos de externalización.
Activistas de la justicia climática protestan contra la legislación sobre el comercio de emisiones frente al edificio Chicago Climate Exchange en Chicago Loop.
3.
Sea como fuere, regulados en el ámbito comunitario (Directiva 2003/87/CE, modificada varias veces y complementada con el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono –Reglamento UE 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo: MAFC o CBAM, por sus siglas en inglés) como en España (Ley 1/2005, de 9 de marzo,también modificada varias veces), la Comisión Europea propone ahora unas aún mayor flexibilización y eficiencia de este mercados de derechos de emisión. La reforma normativa, sin embargo, presenta, a lo que parece, un notable cariz transaccional.
Aunque la modificación está prevista de antemano en el marco regulador, el movimiento de la Comisión responde a la más dura petición de una decena de países (Bulgaria, Chipre, Chequia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rumania y Eslovaquia), que, con una lógica de proteccionismo económico de sus industrias fósiles, las más contaminantes, buscan diluir el calendario de reducción de emisiones (ampliación hasta 2050 de la senda a tal fin) y una total flexibilidad de este mercado (blindaje de la asignación gratuita de derechos). La petición (países de ideología negacionista del cambio climático) argumenta que exigir al sector industrial la neutralidad climática para 2040 (horizonte del ETS -derechos de emisión, por sus siglas en inglés-), tendría un efecto económico de deslocalización, de la industria europea y de los empleos que crea (se conoce como riesgo de fuga de carbono por el incentivo a trasladar la producción a jurisdicciones con costes de emisión más bajos). A tal fin, además de ampliar el horizonte de neutralidad climática, se pide cambiar el precio, que sirva más que al objetivo de la neutralidad climática a una “política industrial europea emergente”. Para ello, el precio del carbono debe ser más previsible y asequible (reducido, para que no repercuta en la factura de los productos para el consumidor).
Cabría decir que llueve sobre mojado, porque no es la primera presión que la Comisión Europea recibe de numerosos Estados miembros para que priorice la competitividad actual, aún con economía carbonizada, sobre los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo y en la ley climática europea. Lo que viene dando lugar a las típicas decisiones de aplazamiento o diferimiento de las reformas necesarias para cumplir con objetivos que, ambiciosos, cada vez se ven más lejanos, con lo que de desastre ecológico y daños sociales tienen asociadas esas dilaciones. Todo por la presión ideológica y económica de Estados y empresas que solo creen en el cambio climático y en la transición como oportunidades de nuevos negocios, pero sin perjudicar realmente sus ventajas económicas de hoy, aunque sean la ruina de sus propios pueblos para mañana (un mañana cada vez más próximo o presente).
4.
Se dice que la opción de reforma presentada es transaccional porque tiene en cuenta la contrapresión ejercida por España y siete países más (Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Suecia y Países Bajos), que pretendían que la regulación se quedara igual. Defienden el actual ETS como una acreditada “herramienta eficiente y rentable”, que propicia la transición a energías limpias. Más aún. Incluso China lo habría acogido. Lo que significa que:
“Una fijación robusta de precios del carbono es indispensable para la transformación industrial de Europa” (Carta del Gobirno de España y de otros países al Consejo y a la Comisión para defender el actual ETS)
Central de carbón de Jänschwalde, en el Estado de Brandeburgo, en el noreste de Alemania. Autoría Patrick Pleul (Dpa/picture alliance/Getty Images). El País
Ante esta nueva “batalla eco-política” en la UE, con grandes implicaciones socioeconómicas, la Comisión busca una cierta armonización entre los opuestos, proponiendo soluciones de “justicia socioambiental salomónica”. Así, por ejemplo:
- respeto de los porcentajes de reducción de emisiones, si con la actual se reducen cada año los derechos de emisión un 4,4%, hasta 2030, con la propuesta, a partir de esta fecha, se reducirá solo el 3,7% hasta 2035. A partir de esta fecha, la concesión a la presión desreguladora es mayor, sólo será del 1,7%. España defendía mantener el porcentaje actual hasta 2035, frente a Polonia, que quiere mayores rebajas.
- Promueve un mecanismo que permitirá, a partir de 2036, flexibilizar más el ajuste de carbono con los llamados “créditos internacionales de alta calidad”. Con ellos, se facilita a las empresas industriales ganar margen, hasta un 2%, si demuestran inversiones compensatorias fuera de la Unión. Estos números serían revisables a partir de 2033.
5.
Hay ejemplos recientes que evidencian esta contradicción en el recurso a la herramienta de los derechos de emisión de carbono, de modo que su crítica desde una “razón ecológica pura” se acompaña de favor cuando se busca una solución desde una “razón eco-social práctica”. Por ejemplo, un proyecto científico español propone rellenar el Mar de Aral, desecado por usos extractivos agropecuarios sin el debido control y la necesaria racionalidad eco-socioeconómica, para evitar la alta liberación de CO₂ (millones y millones de toneladas), financiando su elevado coste con el sistema de derechos de emisión.
El equipo de investigación recogiendo muestras en el lecho seco del mar de Aral. Autoría: Núria Catalán. Fuente: El País 16/07/2026
El estudio (revista Science) descubre que su actual lecho seco constituye también una fuente significativa del CO₂ que causa el cambio climático. Aunque la restauración completa del mar de Aral exige un amplio conjunto de medidas no sólo técnicas, sino también políticas y sociales, aseguran que es posible volver a cubrir de agua este lago, modernizando la ineficiente red de riego de la zona, en la que se desaprovecha el 90% del agua. El trabajo estima que una inversión aproximada de 8.500 millones de euros en mejoras de la gestión de los recursos hídricos permitiría restaurar alrededor del 50% de la superficie que tenía el lago en 1960, generando al mismo tiempo unos 323 millones de toneladas equivalentes de CO₂ en créditos de carbono comercializables. Si bien critica la falta de rigor del uso de este tipo de créditos para luchar contra el cambio climático (ej. proyectos para salvar bosques no amenazados), en este caso justifican serio acudir a este sistema.
6.
No podemos profundizar más en este importantísimo tema. Tiempo habrá. La reforma normativa no ha hecho más que empezar a andar y seguramente puede conocer más rebajas. Con todo, algunas cuestiones quedan claras. La primera, es el primado de la competitividad, según los intereses de las grandes empresas y Estados, en detrimento del modelo de desarrollo integralmente sostenible para el conjunto, objetivo en retroceso. La segunda, que hay una fuerte batalla interna política europea, de modo que los Estados que han sido más dependientes de la economía fósil y del gas natural se aferran como un clavo ardiendo a esa tradición, frente a países, como los nórdicos, o la península Ibérica (España y Portugal), que han propiciado el tránsito a energías limpias. Por tanto, se hace presente un fuerte proteccionismo nacional frente a un problema global.
Una vez más, la Comisión trata de hacer difíciles equilibrios, creando la apariencia de que todo sigue igual en el Pacto Verde. Pero introduce cambios significativos, haciendo pasar por simplificación ambiental lo que es reducción de obligaciones ecológicas. La Comisión dice querer proteger la seguridad económica europea, también su soberanía, cuyas debilidades se han visto claras cada vez que hay un conflicto de índole geopolítico y económico (la guerra de Ucrania, la Guerra contra Irá y el cierre de Ormuz, etc.). Y para ello trata de crear la imagen de una defensa de lo europeo, incluso propone la preferencia comunitaria en la contratación pública (favor por lo “made in Europe”), ultimando un reglamento para sectores sectores críticos (energía, salud, agua, industria militar, etc.).
Pero, sorprendentemente, en esa defensa de mayor seguridades-soberanías comunitarias, la Comisión tiende a ver en las obligaciones ambientales más bien un conjunto de obstáculos que oportunidades. El nuevo Paquete Ómnibus Ambiental (VIII paquete de simplificación de la legislación ambiental -medidas en materia de emisiones industriales y evaluación ambiental-) refleja este evidente viraje, pese a que una y otra vez trata de negarlo, camuflado con el eufemismo “simplificación”. Sobre la sostenibilidad ambiental se impone la ganancia económica de la industria europea, bajo el giro, no copernicano, pero sí tangible, que impone la denominada “bruja de la competitividad”.
Entre las propuestas están las de acelerar el trámite de la evaluación ambiental cuando en juego estén proyectos estratégicos. Sería el caso de centros de datos (cuyo consumo de agua y energía es hoy insostenible https:/insostenible, ONU, 2026) y fábricas de Inteligencia Artificial, así como gigafactorías, la red ferroviaria, red transeuropea de transporte y la seguridad alimentaria, entre otras.
7.
Respecto a la seguridad alimentaria, justamente, si algo enseña la guerra de Irán sobre la seguridad alimentaria es que la profunda crisis generada, que se mantiene, deja al desnudo la profunda interrelación entre los sistemas energéticos fósiles actuales y los agroalimentarios. Al margen de la ineficacia del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, continuamente violado con los persistentes ataques entre ambos, es verdad que supuso un cierto alivio en la presión sobre los diversos mercados afectados, no solo energéticos, sino también agrícolas, reduciendo el riesgo de una crisis mundial de seguridad alimentaria aún más grave. Pero ha vuelto a dejar clara la dependencia agraria europea, pues está a merced de las cadenas de suministro de fertilizantes que pasan por esos lares (estrechos). Entre el 20% y el 30% de los fertilizantes comercializados a nivel global y alrededor del 50% de las exportaciones de azufre lo convierten en punto crítico (arriesgado e incierto) para los productores de continentes como el europeo.
Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán.
Stringer (REUTERS). El País, 1 de julio de 2026
Las soluciones auténticas (innovadoras, biológicas, científicas) no pasan por utilizar menos estos fertilizantes (de origen fósil y químico) sino por, apostar, privada y públicamente, por sustituirlos por otros más sostenibles y resilientes. Por lo tanto, priorizar las soluciones correctoras del cambio climático no solo mejora el entorno, también reduce la dependencia de mercados internacionales inestables:
“(…). Los sistemas de alerta temprana, el seguimiento de los mercados, los seguros agrícolas y los protocolos de actuación anticipatoria les permiten a los gobiernos responder a las alteraciones antes de que se conviertan en crisis. Estas inversiones son…independientemente de si la próxima crisis tiene su origen en la geopolítica, la variabilidad climática o los mercados energéticos” (Máximo Torero, economista jefe de la FAO)
En suma, nada más competitivo realmente que lo que resulta sostenible para el ambiente y para todas las personas, y viceversa.